THE ATTORNEY GENERAL OF TEXAS
Ken Paxton

Columnas del Procurador General

Regreso

el proceso de revisión de los bonos

Como el principal oficial encargardo de las leyes del Estado de Texas, el Procurador General tiene un número de deberes y responsabilidades legales, entre ellas, representar a las agencies estatales ante la corte, emitir opiniones legales, asegurar que la información gubernamental esté accesible al público y aprobar bonos estatales y locales emitidos por el gobierno. Los bonos, un tipo de garantía de deudas, son un método por medio del cual entidades gubernamentales y corporativas emiten deudas. Cuando una entidad gubernamental busca financiamiento para un proyecto público opta por obtener los fondos para la iniciativa pidiendo prestado a fuentes privadas, lo hace vendiendo bonos. Los dueños de los bonos, son en sí acreedores, mientras que la entidad gubernamental que emitió los bonos es el deudor que promete pagar la cantidad principal y los intereses especificados. Mientras que el proceso de bonos por lo general no aparece en los periódicos, es una función decisiva del gobierno y beneficia a todos. Las entidades gubernamentales pueden usar bonos para pagar desde proyectos de infraestructura del agua hasta la construcción de carreteras y otros trabajos públicos. Los bonos también pueden ser emitidos para construir o reparar los edificios de escuelas públicas, ya sean escuelas primarias o universidades públicas. Según van creciendo la población y la economía de Texas, el número de bonos emitidos por las entidades gubernamentales sigue creciendo. En años recientes, la Procuraduría General recibió hasta 1,600 expedientes de bonos y aprobó hasta 53 mil millones de dólares en bonos, en un solo año. Algunas entidades que pueden emitir bonos son: ciudades, condados, distritos escolares, distritos municipales de servicios públicos, distritos hospitalarios, instituciones de educación superior, ciertas agencias estatales y organizaciones sin ánimo de lucro creadas para trabajar en nombre de una entidad gubernamental. Generalmente, los bonos pagables de impuestos ad valorem se emiten solo después de que la mesa que gobierna la entidad pública elige llevar a cabo una elección sobre los bonos; los votantes aprueban el paquete propuesto, y el organismo gubernamental elige emitir los bonos. Este proceso da a los líderes locales electos la oportunidad de designar cómo se utilizarán los fondos recaudados y permite a los contribuyentes aceptar o rechazar la emisión de la deuda propuesta. Una vez que los bonos han sido aprobados, la entidad que planea emitirlos tiene que presentar cierta documentación a la Procuraduría General. Los bonos no pueden ser emitidos hasta que la Procuraduría termine una revisión legal. Este proceso asegura que las garantías de la deuda cumplen con las leyes estatales y la Constitución. La División de Finanzas Públicas de la Procuraduría General es responsable de la revisión y aprobación de los bonos. Los bonos y las obligaciones similares tienen que ser presentadas junto con evidencias que comprueben que procesos válidos autorizaron su emisión (por ejemplo, los resultados certificados de una elección). El paquete completo es conocido como el expediente de un bono. Muchos de los expedientes de los bonos requieren una revisión legal sencilla. Sin embargo, las estructuras financieras más complicadas, como las instalaciones deportivas, los proyectos de desarrollo económico, las instalaciones de salud y los acuerdos de compra venta, requieren un proceso de revisión más complejo y tardado. La revisión y el papel de aprobación de la División de Finanzas Públicas se basan completamente en la validez legal. Debido a que la Procuraduría General no es un organismo legislativo o una institución financiera, el proceso de revisión está limitado estrictamente a asuntos legales. La entidad que emite los bonos toma la decisión de autorizar la deuda, la ley limita el papel de la Procuraduría General en el proceso. De vez en cuando se descubren problemas legales después de que se entrega el expediente del bono a la Procuraduría General. Algunos asuntos se resuelven por medio de medidas correctivas que toma el emisor. Sin embargo, en seguimiento con la obligación reglamentaria de revisar los bonos propuestos para asegurar que cumplan con la ley, la División de Finanzas Públicas tiene que negarse a aprobar bonos que tienen defectos si el problema legal no se puede resolver. Si la Procuraduría General determina que los bonos propuestos han sido autorizados en seguimiento con la ley, aprueba el expediente y envía los bonos a la Contraloría Pública. Los bonos que reciben la aprobación de la Procuraduría General son legalmente válidos, ejecutables e incontestables ante cualquier corte por cualquier razón, a menos que tengan un defecto constitucional. Una vez que la Contraloría registra los bonos, el emisor puede entregarlos al comprador, el cual por lo general es un asegurador de bonos, como un banco de inversiones, que acuerda comprar todas las garantías de la deuda emitidas por el organismo gubernamental. El comprador por lo general vende la deuda en el mercado abierto, en el cual es adquirida, vendida o intercambiada por compradores privados que ganan intereses hasta que la entidad gubernamental paga la deuda. La División de Finanzas Públicas también funge como asesor legal para la Mesa de Revisión de Bonos, que es la agencia estatal responsable de asegurar que el dinero de los bonos se use de forma prudente. La Mesa también tiene que asegurar la valoración más alta posible para los bonos emitidos por el estado. Cuando los bonos tienen una valoración alta, reciben tasas de interés más favorables, por lo cual ahorran el valioso dinero de los contribuyentes. Al llevar a cabo su obligación reglamentaria de revisar en su totalidad y con cautela los bonos del gobierno estatal y local, y de aprobarlos, la Procuraduría General protege los recursos de los contribuyentes y asegura que los compradores de los bonos adquieran un valor público legalmente válido. Para cartas sobre la asesoría de los bonos e información adicional sobre el proceso de revisión de bonos, acuda a la página Internet de la Procuraduría General en www.texasattorneygeneral.gov.