Cobrador de deudas amenaza con suspender la licencia de manejar

Una señora del área centro de Texas contactó a nuestra oficina para quejarse de un aviso que había recibido de parte de una compañía que decía ser una agencia de cobro de deudas. La compañía le informó que el Departamento de Protección Publica (Department of Public Safety, DPS) estaba a punto de suspenderle la licencia de manejar por no haber pagado los “daños” que habían resultado de un accidente automovilístico un año antes. La compañía se ofreció a ayudarla a prevenir la suspensión- siempre y cuando ella enviará el pago total o parcial de esta supuesta deuda, la cual era de casi 2,000 dólares. La señora jamás había sufrido un accidente automovilístico y sabiamente le llamó al Departamento de Seguridad Pública y a la compañía de seguros que supuestamente había manejado el reclamo. Ni el Departamento de Seguridad Pública, ni la compañía de seguros pudieron verificar la información, y la agencia cobradora de deudas no puedo producir la evidencia requerida, aún cuando continuaba amenazando a la consumidora de que perdería el privilegio de manejar. Finalmente la compañía se retractó, alegando que la deuda la debía otra persona con el mismo nombre.

Se ha sabido que las compañías cobradores de deuda sin ética han amenazado con todo tipo de consecuencias que en realidad no pueden realizar, aún cuando la deuda sí es legítima. Por ejemplo, algunos cobradores de deuda amenazan con ejecutar la hipoteca de un hogar o llevar a cabo una retención de su ingreso. En el estado de Texas, no se le puede quitar la casa al dueño a menos que la deuda sea por la compra de la casa, reparaciones a la casa, préstamos sobre el valor de la casa, o para pagar cierto tipo de impuestos. Se le pueden hacer deducciones a su salario sólo para pagar la manutención de los niños, lo cual debe ser ordenado por una corte, o para pagar impuestos atrasados o préstamos estudiantiles que no hayan sido pagados. La única deuda por la que puede perder su licencia de manejar es por no cumplir pagos para la manutención ordenados por una corte. Para más información sobre lo que los cobradores de deudas pueden o no pueden hacer conforme las leyes estatales y federales, vea nuestra página internet sobre el cobro de deudas.

También se le advierte a los consumidores que cuando son contactados sobre una deuda de la que no tienen conocimiento, deben considerar que podría ser un intento de robo de identidad. Para más información visite nuestra página sobre el robo de identidad.

General Abbott's signature
Greg Abbott
Attorney General of Texas

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LAS ALERTAS AL CONSUMIDOR - La Procuraduría General acepta quejas por parte del consumidor sobre negocios. Asimismo, cuando existe un patrón de quejas justificando intervención, la Procuraduría General puede entablar una demanda civil conforme a las leyes de protección al consumidor, lo cual a veces puede resultar en que una compañía debe de indemnizar a los consumidores - vea nuestra página Internet de Demandas Mayores. Sin embargo, cuando un consumidor es engañado por un defraudador, el proceso de protección al consumidor no lo puede ayudar ya que, para que podamos ayudarlo, debemos contar con la buena fe de una compañía, a la que le es importante mantener a sus clientes satisfechos. Una demanda civil puede poner a un negocio sin escrúpulos fuera de servicio, pero normalmente no otorga indemnización.

Aquellos individuos que cometen fraudes generalmente caen bajo la jurisdicción de un fiscal penal - en Texas, este el fiscal de distrito (district attorney) o fiscal del condado (county attorney). Sin embargo, a pesar de ser acusados y condenados, estos estafadores normalmente ya no poseen su dinero, porque lo gastan tan rápido como lo hayan robado. Una persona que ha sido víctima de una estafa o fraude, debe de reportarlo inmediatamente al departamento de policía o al alguacil (sheriff). Pero lo mejor que un consumidor puede hacer es estar alerta a los fraudes o estafas, y así no ser engañado en primer lugar. Por esta razón, la Procuraduría General emite estas alertas al consumidor tan pronto como nos enteramos, a través de personas que nos contactan o por otros medios, cuando una estafa o fraude ha occurido.

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