Las estafas de rescate hipotecario representan una creciente amenaza para los consumidores

Los tiempos económicos difíciles atraen a los delincuentes que buscan aprovecharse de las personas desesperadas o incautas. El ambiente económico actual, especialmente las dificultades en la industria inmobiliaria, ha provocado un aumento en la ejecución de hipotecas y el número de personas que buscan aprovecharse de los propietarios en dificultades.

Tras el anuncio esta semana del nuevo plan federal para ayudar a los propietarios de viviendas a evitar la ejecución hipotecaria, los texanos deben estar especialmente alertas a las estafas de rescate hipotecario y recordar que no se cobra por participar en un programa federal.

Las empresas legítimas o ilegítimas de rescate hipotecario ofrecen ayudar a los dueños de viviendas a evitar la ejecución hipotecaria. Pero algunas no brindan los servicios prometidos, peor aún, toman el dinero de los propietarios, arruinan su crédito y se llevan el valor líquido de la vivienda que con tanto trabajo habían logrado acumular los propietarios.

Desafortunadamente, según se va extendiendo la crisis hipotecaria y más texanos se retrasan en el pago de los préstamos, este tipo de estafas se ha hecho más común. Las estafas de rescate hipotecario se enfocan en los dueños de viviendas que se han retrasado en los pagos de la hipoteca y enfrentan la ejecución de esta. Las estafas utilizan los avisos que los prestamistas publican antes de ejecutar la hipoteca para identificar a las posibles víctimas y prometen ayudarles a quedarse con su vivienda. Estas empresas fraudulentas a menudo se hacen publicidad como “asesores de ejecución hipotecaria” o “asesores hipotecarios” y su negocio como un “servicio de ejecución hipotecaria” o “agencia de rescate hipotecario”.

Usualmente, las "agencias de rescate hipotecario" tratan de convencer a los dueños de la vivienda que paguen fuertes cantidades. Luego, los animan a que dejen de comunicarse con el prestamista de la hipoteca. Hacen creer a las víctimas que la relación de la empresa con el prestamista puede salvar la vivienda de la ejecución hipotecaria. Sin embargo, en lugar de lograr esto, los operadores más inescrupulosos simplemente toman el dinero del cliente y no hacen nada mientras que la falta de comunicación e inacción del propietario hace que se retrasen más y más los pagos.

En algunos casos los propietarios de la vivienda han entrado en acuerdos escritos complejos con estas empresas solo para descubrir que sin saberlo vendieron su vivienda por solo una fracción de su valor. Los dueños de casas NO deben firmar ningún documento que no entiendan completamente, deben dudar de promesas extravagantes o irrazonables y deben aprender más sobre la empresa antes de firmar algo. A veces puede ayudar mucho buscarlos en la Internet y leer las opiniones de otros clientes. Los consumidores deben verificar con la Oficina local de Éticas Empresariales (Better Business Bureau, BBB) al igual que con la oficina local de la BBB en el lugar donde se encuentra la empresa.

Los texanos deben comunicarse abiertamente con su prestamista y nunca deben retener el pago de la hipoteca si pueden hacerlo a tiempo. Al comunicarse temprano en el proceso con el prestamista, los propietarios pueden hablar de varias opciones que quizás estén disponibles, entre ellas, la exención de cuotas, pagos diferidos temporalmente, reinicio de intereses retrasados, refinanciamiento o conversión de una hipoteca con taza de interés variable (ARM) a un préstamo con intereses fijos.

Si los propietarios tienen problemas que podrían resultar en la ejecución de la hipoteca, deben considerar llamar a la agencia de asesoría aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) llamando al (800) 569-4287 o visitando la página Internet de HUD en www.hud.gov para más información sobre como evitar la ejecución hipotecaria.

Otro recurso es la Línea HOPE para los dueños de viviendas llamando al (888) 995-4673 o en la página Internet www.995hope.org. Este número telefónico gratuito es operado por la Fundación para la Preservación de la Vivienda y Neighborworks America, dos organizaciones nacionales sin ánimo de lucro que se especializan en temas hipotecarios.

En diciembre, el Procurador General de Texas Greg Abbott y el Senador estatal Craig Estes (Wichita Falls) anunciaron una iniciativa legislativa que ayudará a proteger a los propietarios de viviendas en Texas contra las estafas de rescate hipotecario. Si es aprobada, la ley propuesta otorgaría una mayor autoridad de cumplimiento a la Procuraduría General, proporcionaría nuevas protecciones a los dueños, y colocaría nuevas restricciones sobre los asesores de prevención de la ejecución hipotecaria.

La Ley para la Prevención del Fraude de Rescate Hipotecario establecería que los asesores de prevención de la ejecución hipotecaria sean muy claros a cerca de los servicios que ofrecen y los derechos de los clientes en un contrato escrito en lenguaje sencillo. Además de nuevos requisitos de revelación, la ley propuesta colocaría nuevos límites sobre los acuerdos de compra del valor líquido de la vivienda. Para proteger los intereses de los texanos sobre su vivienda, la ley requeriría que los compradores de acuerdos de compra del valor líquido de la vivienda paguen por lo menos el 82 por ciento del valor de mercado justo de la propiedad.

Los consumidores que creen que han sido contactados o han sido víctimas de un servicio de rescate hipotecario pueden presentar una queja ante la Procuraduría General llamando al 1-800-252-8011 o en línea en www.texasattorneygeneral.gov. Contamos con información y personal bilingüe para atenderle.

Otros recursos:

Comisión Federal de Comercio
(877) 382-4357
www.ftc.gov

Oficina de Éticas Empresariales
www.bbb.org

Nota: esta Alerta al Consumidor fue emitida por la Procuraduría General como parte de la Semana Nacional de Protección al Consumidor.

General Abbott's signature
Greg Abbott
Attorney General of Texas

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LAS ALERTAS AL CONSUMIDOR - La Procuraduría General acepta quejas por parte del consumidor sobre negocios. Asimismo, cuando existe un patrón de quejas justificando intervención, la Procuraduría General puede entablar una demanda civil conforme a las leyes de protección al consumidor, lo cual a veces puede resultar en que una compañía debe de indemnizar a los consumidores - vea nuestra página Internet de Demandas Mayores. Sin embargo, cuando un consumidor es engañado por un defraudador, el proceso de protección al consumidor no lo puede ayudar ya que, para que podamos ayudarlo, debemos contar con la buena fe de una compañía, a la que le es importante mantener a sus clientes satisfechos. Una demanda civil puede poner a un negocio sin escrúpulos fuera de servicio, pero normalmente no otorga indemnización.

Aquellos individuos que cometen fraudes generalmente caen bajo la jurisdicción de un fiscal penal - en Texas, este el fiscal de distrito (district attorney) o fiscal del condado (county attorney). Sin embargo, a pesar de ser acusados y condenados, estos estafadores normalmente ya no poseen su dinero, porque lo gastan tan rápido como lo hayan robado. Una persona que ha sido víctima de una estafa o fraude, debe de reportarlo inmediatamente al departamento de policía o al alguacil (sheriff). Pero lo mejor que un consumidor puede hacer es estar alerta a los fraudes o estafas, y así no ser engañado en primer lugar. Por esta razón, la Procuraduría General emite estas alertas al consumidor tan pronto como nos enteramos, a través de personas que nos contactan o por otros medios, cuando una estafa o fraude ha occurido.

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