Justicia Penal

Reducción de molestias

Bajo el estatuto de Texas de reducción de molestias, cualquier propiedad puede ser cerrada por una orden de la corte si está siendo utilizada para vender drogas, burdel, central de una pandilla, u otra base de operaciones para delincuentes. El estatuto responsabiliza al propietario o administrador de la propiedad por lo que ocurre en esta.

La Procuraduría General ayuda a las agencias de la ley a usar las leyes de reducción de molestias para clausurar lugares de reunión de pandillas y para evitar que los pandilleros se reúnan en áreas en las que la actividad criminal es desenfrenada.

Las demandas civiles cierran los refugios para el crimen

El Capítulo 125 del Código de Texas de Práctica Civil y Remedios y la Sección 101.70 del Código de Bebidas Alcohólicas de Texas se consideran como los “Estatutos de Texas de Reducción de Molestias”. Estos estatutos permiten a las agencias de la ley cerrar cualquier terreno involucrado en actividades ilegales, incluyendo violaciones del Código Penal de Texas, el Código de Texas de Bebidas Alcohólicas y la Ley de Texas de Sustancias Controladas.

La Procuraduría General ayuda a las municipalidades de Texas, a los fiscales locales, y a las agencias de la ley (como departamentos de policía, oficinas del sheriff, equipos de trabajo y la Comisión de Texas de Bebidas Alcohólicas) a encontrar, procesar y presentar demandas contra dueños de propiedades que permiten que existan molestias públicas y comunes en su propiedad.

El propósito de una demanda de reducción de molestias no es mostrar o comprobar que el dueño de la propiedad es culpable de actos ilegales, sino mostrar que el dueño de la propiedad permitió que ocurriera la actividad ilegal en la propiedad y no hizo intentos razonables para detenerla.

Muchos departamentos de policía se han convertido en expertos en este procedimiento y tienen mucho éxito por su cuenta. Cuándo una agencia de la ley no tiene los recursos o la experiencia en estos casos, la Procuraduría General envía personal cuando se le solicita a cualquier parte del estado para proporcionar asistencia técnica para iniciar el proceso de reducción de molestias.

Se reunirán pruebas y se enviarán a la Procuraduría General para revisión. Los reportes de arresto, las llamadas para servicio policial y las órdenes de cateo que se encuentran en los archivos de los departamentos, al igual que declaraciones juradas de policías y residentes, todos se usan en este proceso. Cuando la Procuraduría General determina que existen suficientes pruebas, se presenta una demanda en nombre del Estado. En estos casos, la Procuraduría General proporciona representación legal por el tiempo que dure la demanda.

Revised: May 06 2010