El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó una demanda contra la Administración Biden por una disposición en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense del gobierno federal. Aunque la Ley generalmente ayuda a los texanos a recuperarse de la pandemia COVID-19, una disposición — el Mandato Tributario — exige específicamente que Texas no use los fondos recibidos a través de la Ley para compensar "directa o indirectamente" la reducción de los ingresos tributarios causada por cambios en la política tributaria. Esta condición prohíbe a Texas y otros estados con modelos similares de gobierno de bajos impuestos reducir los impuestos durante años bajo pena de perder miles de millones en alivio COVID-19.

“Este es otro intento del gobierno federal de ejercer ilegalmente el control sobre cómo operan los estados soberanos. Mientras se esconde detrás de un nombre engañosamente amigable, la Ley elimina efectivamente la capacidad de Texas para bajar los impuestos mientras otorga a la Secretaria del Tesoro Janet Yellen el poder de recuperar los fondos federales de ayuda si no están de acuerdo con las políticas tributarias estatales. Para Texas, que opera con éxito un modelo de bajos impuestos y continuamente encuentra maneras de reducir las cargas tributarias a los ciudadanos, el Mandato Tributario es particularmente intrusivo", dijo el Procurador General Paxton. "Por diseño, el Congreso carece del poder de afirmar el control sobre los estados y no puede obligar a un Estado a adoptar una política. El Mandato Tributario, que hace precisamente eso, infringe abiertamente la Constitución y no puede mantenerse.” 

La amenaza creada por el Mandato Tributario no sólo prohíbe a Texas eliminar impuestos, reducir las tasas tributarias o aumentar los créditos fiscales, sino que también prohíbe la adopción de políticas de cumplimiento con respecto a los impuestos que conducirían a la reducción de los ingresos. Por ejemplo, si Texas decidiera no aplicar un determinado impuesto sobre el desempleo o la nómina contra una pequeña empresa en dificultades o reducir los impuestos a la propiedad en un distrito, el estado sería despojado de fondos destinados a ayudar a aquellos que se están recuperando de la pandemia.

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