AUSTIN – El Procurador General Ken Paxton aplaude la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de declarar ilegal una regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos que había redefinido la discriminación en base al "sexo" de una persona para incluir "identidad de género" y " la interrupción del embarazo." La regla federal se metió en la relación médico-paciente, y habría obligado a los médicos a realizar operaciones y abortos controvertidos, incluso si creían que los procedimientos no eran en el mejor interés de sus pacientes, o violaban sus creencias religiosas o de conciencia.
El juez Reed O'Connor, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, dictaminó que el HHS de la era Obama promulgó la nueva regla sin autoridad legal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y que infringió los derechos de los proveedores de atención médica bajo el Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa.
"Estamos profundamente agradecidos a la Corte por reconocer que la búsqueda de una agenda ideológica por parte de Washington debe seguir estando limitada por el Estado de derecho, incluida la Separación de Poderes y la protección legal para la libertad religiosa", dijo el Procurador General Paxton. "HHS carecía de autoridad legal para reescribir una serie de leyes federales que previenen la discriminación sexual y protegen la libertad religiosa, especialmente cuando buscó hacerlo forzando a los médicos a realizar — y a los contribuyentes estadounidenses a pagar por— procedimientos médicos controvertidos que son contrarios a las creencias religiosas y morales de millones de personas en toda nuestra nación".
La regla habría tenido un impacto significativo en Texas, y otros estados y en proveedores de atención médica. De la misma forma exigía a los contribuyentes a financiar todos los tratamientos diseñados para que una persona cambie a un sexo diferente. También habría requerido que los médicos realizaran abortos y ciertos otros tratamientos médicos o enviar a los pacientes que buscaban esos tratamientos a otro proveedor de atención médica que lo hiciera, independientemente del juicio médico del doctor o sus creencias religiosas y morales. Además, la regla habría obligado al Sistema de Retiro de Empleados de Texas y a otros a modificar la cobertura de seguro para unos 500 000 participantes al prever la reasignación de género y los abortos.
Texas se unió a la moción de juicio sumario por los estados de Arizona, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska y el Commonwealth de Kentucky, así como Franciscan Alliance, Inc., Specialty Physicians of Illinois, LLC, y Christian Medical and Dental Asociaciones.
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