Office of the Attorney General News Release Archive



martes, 21 de septiembre de 1999

BUSH Y CORNYN ESTRENAN EL PROGRAMA "EXILE"


El Gobernador aporta 1.6 millones de dólares para enjuiciar a criminales que usan armas de fuego

AUSTIN - El Gobernador George W. Bush hoy dio a saber que le será concedida una subvención de fondos de 1.6 millones de dólares al Procurador General de Texas, John Cornyn, como parte de la inauguración del programa "Texas Exile." De tal cantidad, 1.28 millones de dólares serán usados para pagar por un cuerpo de ocho fiscales, cuya tarea será la de enjuiciar a ex-sentenciados que ilegalmente porten armas y a las personas que portan armas al desempeñar actividades de narcotráfico, y los 360 mil dólares sobrantes se usarán para montar una campaña de información social pública.

"La mejor forma para proteger a nuestra ciudadanía es aplicar firmemente las leyes y sanciones severas que ya son vigentes. Este programa le extiende a los elementos del orden público y fiscal la oportunidad de combatir la violencia causada por armas, al hacer cumplir las leyes actuales, ya sean aquellas del fuero común estatal o las normas federales," puntualizó el Gobernador Bush.

"El programa 'Texas Exile' le envía un mensaje muy claro a los criminales y narcotraficantes: Si son ex-sentenciados que actualmente portan armas, o si son personas que portan armas mientras cometen un delito de narcotráfico en Texas, serán enviados a una prisión federal," señaló el Procurador General John Cornyn. "Quisiera aprovechar de la oportunidad para darle las gracias al Gobernador Bush, al cuerpo fiscal estatal y a los elementos del orden público local por haber integrado este importante esfuerzo," agregó.

"Texas Exile" se basa en "Project Exile," un programa desarrollado en la ciudad de Richmond, Virginia, para ayudar a reducir el número de delitos cometidos con armas. En 1997, en dicha comunidad se manifestaba el segundo más alto índice de homicidios al nivel nacional. Con el fin de restablecer la seguridad pública en la comunidad, en 1997 los elementos policiacos de tal ciudad le dieron inicio a una campaña para que las armas no quedaran al alcance de los criminales.

Al arrestar una persona previamente sentenciada por haber cometido un delito mayor, la cual estaba portando algún arma en el momento del arresto subsecuente, o si se trataba de un narcotraficante que portaba armas al desempeñar sus actividades de compraventa ilegal, tales individuos venían siendo procesados por fiscales especializados, los cuales le daban seguimiento a acciones legales según lo dispuesto por normas federales, para así asegurar sentencias más largas contra los culpables.

Al aplicarse las mismas sanciones federales, cualquier ex-sentenciado o narcotraficante que porte armas, será encarcelado por un plazo de cinco años en una prisión federal. Estas sanciones pueden incrementarse si el ex-sentenciado estaba llevando cabo una nueva conducta penal al ser arrestado. Los que seguidamente cometen delitos violentos, esencialmente serán exiliados desde la comunidad, y los que pretenden delinquir, al verse amenazados por sentencias severas, tendrán que pensar dos veces antes de llevar a cabo su conducta criminal.

Desde haberle dado inicio al programa en Richmond, más de 300 criminales han sido sentenciados y removidos desde la comunidad. El índice de homicidios ha sido reducido de un 33 por ciento, y el índice de delitos violentos de 50 por ciento.

Cada uno de los cuatro fiscales federales radicados en Texas está participando con varias de sus contrapartes estatales, con el fin de lograr los mismos éxitos manifestados por el programa en Richmond.

El programa en Texas también contará con un aspecto diferente-una campaña de información pública, la cual se dirige a los que delinquen. El Procurador General pretende difundir el mensaje "Delito Con Arma, Sentencia Severa" (Gun Crime Means Hard Time"), promoviéndolo por medio de carteles y publicidad en periódicos. El refrán fue desarrollado por la Ciudad de Fort Worth, la cual encabeza esta iniciativa. La campaña de información pública le da a saber a los criminales que, al cometer un delito usando armas de fuego, serán encarcelados por un mínimo de cinco años. Como parte de la campaña de información pública, también se ofrecerá una línea telefónica especial para que el público pueda dar información sobre armas ilegales.

La subvención para que el programa "Texas Exile" sea manejado por dos años se recaba desde la División de Justicia Penal de la Oficina del Gobernador. El programa será evaluado después de tal plazo y, si cumple con sus metas establecidas, se le podrá solicitar a la Legislatura que sean aportados los fondos necesarios para darle seguimiento al programa. La campaña de información pública durará por un año. Al tener éxito, los fondos necesarios para su continuación pueden obtenerse mediante el sector privado.

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