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viernes, 22 de octubre de 1999

CORNYN ANTEPONE ACCION LEGAL PARA QUE SEAN CUMPLIDAS SENTENCIAS PENALES POR DELITOS SEXUALES


El mandatario se presentará ante la Suprema Corte de los Estados Unidos

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, hoy entabló una presentación judicial ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, concerniente al caso Scott Leslie Carmell v. State of Texas. Carmell fue sentenciado en 1997 por agravio sexual de su hijastra. El reo le ha solicitado a la Corte de crear un pretexto legal escapatorio en las normas de Texas, abordando la manera en que las declaraciones por las víctimas de delitos sexuales pueden ser usadas como pruebas legales contra los acusados, de manera tal que sean desestimadas cuatro sentencias que se impusieron en contra del culpable. El Estado exige que sean afirmadas y ejecutadas las sentencias originales, y el día 30 de noviembre del año en curso, el Procurador General Cornyn personalmente acudirá ante la Suprema Corte de los Estados Unidos para presentar el razonamiento legal del Estado.

"De ninguna manera voy a tolerar que un reo sentenciado use un truco de jurisprudencia procesal para que se desestime su sentencia," puntualizó el Procurador General John Cornyn. "Este criminal quiere hacernos creer que él mismo fue una víctima del sistema de justicia penal. Pero hay un hecho muy claro en esta situación-Carmell no es la víctima en el caso."

Carmell actualmente está cumpliendo dos condenas a cadena perpetua y trece condenas de 20 años cada una por los delitos que cometió en contra de su hijastra menor de edad entre los años 1991 a 1995. Carmell era un asesor para las víctimas de incesto en los estados de Oklahoma y Texas, y le dio inicio a una relación íntima con uno de sus pacientes. Eventualmente se casó con la paciente y por cuatro años sostuvo una relación incestuosa y sexualmente abusiva con la hija menor de su nueva esposa. En 1997, un jurado en el Condado de Denton determinó que Carmell era culpable por 15 cargos de comportamiento indecente con un menor, agresión sexual con agravio y agresión sexual. Durante el juicio, la hijastra de Carmell atestiguó sobre los delitos que Carmell cometió en su contra.

Con el fin de que se desestimen cuatro cargos separados, Carmell está tratando de manipular las enmiendas efectuadas en 1993 a las normas para que, bajo ciertas condiciones, las declaraciones por víctimas de agresiones sexuales puedan ser presentadas como pruebas durante los juicios de los acusados. Antes del 1993, el requisito probatorio señalaba que las sentencias por ciertos delitos sexuales no podían basarse exclusivamente en el testimonio no corroborado de una víctima mayor a 14 años, salvo si la víctima dio a saber los delitos cometidos en su contra dentro de un plazo de seis meses después de que ocurrieran.

Las enmiendas efectuadas en 1993 a esta ley extendieron el plazo para llevar a cabo tal declaración, de seis a doce meses desde la fecha en que se cometiera el delito, y fueron abolidas las estipulaciones correspondientes a las víctimas menores a los 18 años de edad. La argumentación de Carmell se basa en cuestiones posteriores a los hechos, señalando que el Estado violó sus derechos constitucionales al haberse aplicado las normas del 1993 en el proceso que fue manejado en 1997, ya que algunos de los delitos cometidos en contra de su hijastra se llevaron a cabo antes de las enmiendas del 1993.

El punto clave de ser considerado por la Corte es determinar si las enmiendas en 1993 alteraron la definición de los delitos o si solamente se vieron incrementadas las sanciones correspondientes a los mismos. Debido al hecho de que las enmiendas del 1993 simplemente fueron cambios procesales, no afectaron a la definición de los delitos o sus sanciones.

Se espera que la Suprema Corte de los Estados Unidos libre su fallo durante la primavera del año entrante.

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