Office of the Attorney General News Release Archive



miércoles, 3 de mayo del 2000

CORNYN ANTEPONE DEMANDA CONTRA CONSTRUCTOR DE VIVIENDAS EN EL CONDADO DE STARR

Los acusados se verán obligados a proporcionar sistemas de desagüe y servicio de agua

Se le da alto a la venta de solares ilegales

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, ha antepuesto una demanda, y ha logrado que se libre una orden judicial temporal, contra Eloy Vera, dueño de una compañía de desarrollo de viviendas en el Valle del Río Bravo, y la entidad bajo su cargo, Vera Entreprises, Inc. Bajo la orden temporal, se exige que los acusados proporcionen un sistema de desagüe y servicio de agua potable al fraccionamiento Midway, ubicado en el Condado de Starr, entre las ciudades de Rio Grande City y Roma.

"Ahora en Texas existen nuevas leyes firmes, las cuales han sido diseñadas para prevenir la expansión de fraccionamientos construidos de manera inconforme a la ley. La meta de esta demanda es la de asegurar que los residentes del fraccionamiento Midway reciban agua potable y que cuenten con un sistema de desagüe, según lo que se requiere bajo la ley," dijo el Procurador General Cornyn. "Mi oficina continuará a extenderle información a los oficiales locales tanto como a los constructores locales, en cuanto a sus responsabilidades bajo la ley. Asimismo, llevaremos a cabo las medidas necesarias contra aquellos que le den la espalda a la ley."

El fraccionamiento, integrado por 81 solares, actualmente no se conforma a las normas de "construcción o fianza" para el establecimiento de sistemas de desagüe y agua potable. Esta ley es la piedra angular para la prevención de fraccionamientos ilegales. Bajo la ley del estado se exige que, los que establezcan fraccionamientos para viviendas múltiples, proporcionen y establezcan sistemas de agua potable, desagüe, drenaje y calles que cumplan con las normas estatales y locales. El Sr. Vera y la entidad Vera Entreprises, Inc., no han instalado sistemas de desagüe o tanques sépticos, y tampoco han presentado la fianza correspondiente, la cual aseguraría que éstos fueran instalados en los solares correspondientes. En la petición presentada por el Procurador General también se alega que no han sido instalados contadores de agua y no se ha antepuesto la fianza correspondiente; el no haber indicado fechas límites en las cuales habría servicio de agua potable y desagüe; el no certificar gastos por servicios públicos (tales como agua y electricidad); y el no haber cumplido con las normas publicitarias.

Los acusados han vendido por lo menos ocho solares en el fraccionamiento Midway. Dos casas han sido construidas y actualmente hay quien vive en ellas. Los dueños de tales hogares han tenido que instalar sistemas sépticos y servicio de agua potable por cuenta propia. Otras viviendas actualmente están siendo construidas. Los acusados se han conformado a cumplir con la orden temporal, bajo la cual se prohíbe la venta adicional de solares en dicho fraccionamiento, hasta no recibir aviso contrario. Asimismo, los acusados cuentan con 90 días de tiempo para establecer servicios de desagüe y agua potable en cada solar, o de lo contrario anteponer una fianza con el Condado de Starr, la cual asegurará que los debidos sistemas serán instalados.

El año pasado, el Procurador General recibió una subvención federal de 50,000 dólares para prevenir la expansión y el desarrollo de fraccionamientos establecidos de manera inconforme a lo largo de la frontera entre Texas y México, también conocidos como colonias. Los fondos han sido usados para la capacitación y comunicación social; el manejo de investigaciones en cuanto al cumplimiento de las leyes; y la implementación de las actividades de cumplimiento manejadas por la oficina del Procurador Cornyn para la prevención de fraccionamientos ilegales. Desde tal aportación de fondos, la Procuraduría General ha sido anfitrión de varios grupos de trabajo en las ciudades fronterizas de Texas, integrados por servidores públicos y las partes involucradas en el desarrollo y regulación de fraccionamientos. La Procuraduría está llevando a cabo las medidas necesarias contra aquellos que no cumplan la ley.

La demanda fue entablada esta mañana ante la Corte de Distrito Estatal en el Condado de Travis. El Juez Ernest C. García ratificó la Orden Temporal de Común Acuerdo (Agreed Temporary Injunction). El caso ha sido programado para ser sometido a juicio el 16 de octubre del 2000. En la demanda, se solicitan remedios permanentes; reembolso por los gastos legales, judiciales y de investigación incurridos por el Estado; y multas civiles contra los acusados. El caso está siendo manejado por el Subprocurador General David Preister, adscrito a la División de Recursos Naturales de la Procuraduría General (Attorney General's Natural Resources Division).

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