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jueves, 13 de julio del 2000

CORNYN LE PONE FRENOS A OPERACION FRAUDULENTA DE TELEMERCADEO EN HOUSTON

Se emite orden judicial para ponerle frenos a las actividades de negocios falsos

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, y el abogado del condado de Harris, Michael Fleming, hoy informaron que se ha antepuesto una demanda contra tres individuos por operar una organización fraudulenta de telemercadeo con sede en Houston. Anthony Marcell Harris, Gerald Charles Gibbs y Alvin Charles Gatson han estado solicitando pagos de parte de cientos de negocios, por publicidad falsa que, según los demandados, fue publicada en revistas para la comunidad del orden público. Sin embargo, tales publicaciones no existen. Gracias a los esfuerzos legales del Estado, la corte emitió una orden temporal para prevenir que Harris, Gibbs y Gatson continúen en el desempeño de cualquier empresa cuyas actividades se encuentren afuera de la ley. Bajo la orden temporal, también han sido congelados los bienes personales y empresariales de los demandados. Asimismo, la demanda exige que los demandados paguen multas, reembolsen al Estado por sus gastos legales, y efectúen reembolsos a favor de todo consumidor que hayan perjudicado.

"Los que operen afuera de la ley, y que se aprovechen del consumidor, tendrán que hacerle frente a las consecuencias," dijo el Procurador General Cornyn. "Esta demanda hace claro que nadie tiene el derecho de darle la espalda a la ley."

Harris y Gibbs inauguraron su sociedad en 1997. Gatson estrenó la suya en 1995. En ambas operaciones, los demandados contratan a varias personas, para que éstas llamen a compañías principalmente radicadas afuera del estado, exigiendo pagos por publicidad que, supuestamente, fue publicada en revistas policiacas. Los demandados han manejado sus estrategias bajo diferentes nombres de negocios, los cuales implican que las revistas tienen vínculos con entidades de patrulla de caminos; departamentos de alguaciles; y departamentos de policía. Los nombres de algunas revistas falsas son los siguientes: Revista del Patrullero Estatal (The State Troopers Magazine), Boletín del Patrullero Estatal (The State Trooper Journal); Revista Estatal del Alguacil (Statewide Sheriff's Magazine); Boletín Policiaco Sobre las Drogas (The Narcotic Police Journal); Revista Estatal Policiaca (The State Police Magazine); Boletín del Alguacil (The County Sheriffs Journal); Noticias del Orden Público (Law Enforcement News); y Boletín Policiaco (The Police Journal).

Al ser llamados, a los consumidores se les informa que todos los ingresos recibidos para publicarse en tales revistas, serían usados para llevar a cabo esfuerzos de comunicación social sobre el crimen y para el desarrollo de programas para prevenir que los menores de edad consuman drogas. A veces, a los consumidores se les dice que el dinero que se reciba será usado para respaldar las familias de elementos policiacos que hayan fallecido en el desempeño de su cargo. Generalmente, los agentes de telemercadeo contratados por los demandados, al llamar a los negocios, insisten que el pago por un anuncio ya había sido autorizado, cuando en realidad tal aserción no era verdad. Otra estrategia era el envío de "facturas" a varios negocios, indicando que tales anuncios habían sido autorizados. Asimismo, los negocios afectados bajo esta estrategia reciben llamadas molestas de parte de los agentes de telemercadeo, para que pagaran por facturas entre 100 y 600 dólares por cada anuncio.

Todo el dinero que ha sido recibido por los demandaos jamás ha sido entregado a una entidad caritativa-en realidad, el dinero venía siendo usado personalmente por los demandados.

Ninguno de los demandados ha registrado su empresa como publicación del orden público o como entidad de telemercadeo, lo que es necesario hacerse bajo la ley de Texas. Aquellos que manejen una entidad o publicación de carácter policiaco, deben cumplir con el Código de Profesiones de Texas (Texas Occupations Code), el cual requiere que una organización entregue una declaración de registro ante el Secretario de Estado. Las organizaciones también deben dar a saber la lista de contribuyentes y clientes, y cada miembro de su personal que se dedique a solicitar dinero también debe entablar una declaración de registro y presentar una fianza.

El caso está siendo manejado por John Owens, adscrito a la División de la Procuraduría General para la Protección al Consumidor.

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Para mayores informes, póngase en contacto con Mark Heckmann, Heather Browne, o Tom Kelley al (512) 463-2050
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