Office of the Attorney General News Release Archive

martes, 8 de agosto del 2000

CORNYN INFORMA QUE SE HA ANTEPUESTO DEMANDA CONTRA DISTRIBUIDORES DE MUSICA POR HABER FIJADO PRECIOS ILEGALMENTE

La demanda exige que se impongan sanciones multimillonarias y que se ordene que las entidades le den fin a sus actividades ilegales

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, y los procuradores de 29 otros estados y territorios estadounidenses, hoy informaron que ha sido entablada una demanda contra los más grandes distribuidores de música del país, bajo acusaciones de haber confabulado con varios comerciantes al por menor con el fin de fijar los precios de discos compactos y productos similares. Los distribuidores desarrollaron estrategias de mercadotécnia que efectivamente impedían que los vendedores anunciaran ventas de estos productos por precios inferiores a lo establecido, y se imponían severas sanciones financieras contra cualquier comerciante al por menor que no se conformara a estas condiciones. En la demanda se exige que el tribunal prohíba la continuación de tales actividades y que los acusados paguen millones de dólares en multas y demás sanciones.

La acción legal antimonopólica fue antepuesta el día de hoy ante un tribunal federal en Nueva York, y en ella se nombran como acusados a las siguientes entidades distribuidoras y sus afiliaciones: BMG Music, Bertelsmann Music Group Inc., Capitol Records Inc. (la cual opera bajo el nombre de EMI Music Distribution), Virgin Records America Inc., Priority Records, LLC, Sony Music Entertainment Inc., Universal Music & Video Distribution Corp., Universal Music Group Inc., UMG Recordings Inc., Warner-Elektra-Atlantic Corp., Warner Music Group Inc., Warner Bros. Records Inc., Atlantic Recording Corp., Elektra Entertainment Group Inc., y Rhino Entertainment Co.

También fueron acusadas las siguientes entidades que venden al por menor: Musicland, la cual opera más de 1,300 tiendas por todo el país, bajo los nombres Musicland y Sam Goody; Trans Worldm que opera más de 900 tiendas por todo el país bajo los nombres Camelot, FYE, Music & Movies, Planet Music, Record Town, Saturday Matinee, Spec's Music, Strawberries y The Wall; y la entidad MTS Inc., cuyas tiendas operan bajo el nombre Tower Records.

"Espero que estas medidas le sean de aviso a cualquier otro negocio que trate de manipular el mercado, usando tácticas que se aprovechan del público y que impiden la libre competencia. Aplicaré al máximo nuestras leyes para la protección al consumidor," dijo el Procurador General John Cornyn. "Un mercado justo y competidor le brinda mejores precios y ahorros al consumidor."

Los distribuidores han sido acusados por involucrarse, junto a los vendedores al por menor, en una estrategia que le impide a otros vendedores al por menor, entre ellos las tiendas Best Buy, Circuit City y Target, de vender música a precios fuertemente descontados. Al aumentar tales tiendas de mercancía descontada durante la década de los 90, se manifestó una fuerte competencia contra las tradicionales tiendas de música radicadas en plazas comerciales.

Según la demanda, en 1992 los distribuidores y productores establecieron una política que imponía límites sobre los precios mínimos que podían ser anunciados en la publicidad de las tiendas implicadas en la demanda. Bajo la política inicialmente establecida en 1992, los distribuidores no le concedían reembolsos por gastos publicitarios a los tiendas que vendían al por menor, si los precios indicados en la publicidad de las tiendas eran inferiores al precio establecido por el distribuidor. Esta política inicial de precios era legal, pero no fue capaz de eliminar la competencia a través de precios.

Conforme a la demanda, la estrategia ilegal empezó a manifestarse en febrero del 1995, año en que ciertos vendedores al por menor empezaron a presionar a los más grandes distribuidores, con el fin de que los distribuidores adoptaran nuevas políticas de precios, las cuales se aplicarían a lo largo del mercado.

En la demanda se alega que los distribuidores "convirtieron sus programas para establecer precios en instrumentos severos y eficaces para eliminar la competencia a través de los precios de los productos." Los acusados lograron esto, en gran medida al extender el alcance de su política más allá que los medios impresos y electrónicos, para que también fueran gobernadas bajo esta política toda promoción llevada a cabo dentro de las tiendas mismas. Este cambio efectivamente le impidió a las tiendas que vendían música al por menor de darle a saber al público cuáles eran sus descuentos, salvo por el precio de etiqueta que aparece en el disco compacto mismo.

Para que los vendedores se conformaran a esta política, la sanción por incumplimiento, hasta por una sola violación, resultaría en que el distribuidor le negara al vendedor todo reembolso aplicable por los gastos publicitarios del vendedor, por un plazo de entre 60 y 90 días. Asimismo, una violación en una sola tienda podría perjudicar los reembolsos promocionales de la cadena entera. Las tiendas que vendían al por menor que no se conformaran a esta política podrían haberle hecho frente a pérdidas de millones de dólares anuales en reembolsos por los gastos publicitarios que incurrieron, los cuales serían pagados por los distribuidores.

Bajo la demanda, la Procuraduría General exige que los acusados paguen el triple de las pérdidas incurridas por el consumidor (hasta un millón de dólares por cada violación); que se ordene que los acusados paguen por los gastos de investigación y gastos legales del estado; y que se libre una orden judicial que le prohíba a los demandados de involucrarse en cualquier plan o programa que resulte en consecuencias semejantes. Los demás estados y territorios suscritos a la acción legal son: Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Hawai, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, Misisipí, Misuri, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Las Islas Marianas del Norte, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Utah, Vermont, Washington, Virginia del Oeste, y Wisconsin.

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Para mayores informes, póngase en contacto con Mark Heckmann, Heather Browne, o Tom Kelley al (512) 463-2050
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