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miércoles, 4 de octubre del 2000

CORNYN LE PONE FRENOS A OPERACIONES FRAUDULENTAS DE TELEMERCADEO BASADAS EN HOUSTON

Bajo decreto judicial, se le ordena a empresas fraudulentas de darle fin a sus actividades

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, y el Abogado Civil del Condado de Harris (County Attorney), Michael Fleming, hoy informaron que ha sido presentada una demanda contra cuatro personas que estaban manejando una operación fraudulenta de telemercadeo desde la ciudad de Houston. John Gilbert Robinson, Nathaniel Peace, Bruce Lynn Middleton y Cedaniel Middleton han llamado a cientos de empresas en los Estados Unidos y han solicitado pagos por anuncios que supuestamente fueron publicados en revistas dirigidas hacia personal policiaco. Sin embargo, en realidad tales publicaciones no existen.

El Estado logró que se emitiera una Orden Temporal (Temporary Restraining Order), según la cual a los demandados les resulta prohibido manejar cualquier negocio, hasta no cumplir con la ley de Texas. Bajo la orden judicial temporal, también han sido congelados los bienes personales y empresariales de los acusados. Asimismo, en su acción legal el Estado exige que se impongan sanciones contra los demandados, y que se vean obligados a pagar multas, reembolsos por los gastos legales incurridos por el Estado y que efectúen reembolsos a favor de consumidores que hayan sido perjudicados. La orden temporal fue ratificada el día de hoy por el Juez Tracy Christopher, de la corte del 295o Distrito Estatal, en Houston.

"Esta es la tercera vez en épocas recientes que mi oficina ha antepuesto una acción legal de este tipo. Quien opere una empresa que se aproveche del consumidor, tendrá que hacerle frente a las consecuencias," dijo el Procurador General Cornyn. "Estas demandas hacen claro que nadie está por arriba de la ley."

En estas operaciones ilegales hay varios empleados que se dedican principalmente a llamar a compañías radicadas afuera del estado, y solicitan dinero que presuntamente será usado para pagar por anuncios publicitarios que, según los agentes de telemercadeo, serían publicados en revistas leídas por agentes policiacos. Los demandados denominaban a estas revistas falsas con nombres que implicaban que las publicaciones contaban con fuertes nexos con entidades de patrulleros estatales, alguaciles (sheriffs) y departamentos de policía. Actualmente, han sido descubiertos nueve nombres de publicaciones bajo las cuales los demandados manejaban su estrategia. Entre los nombres que les fueron dados a estas revistas falsas figuraban: The State Police Journal (Boletín de la Patrulla Estatal), State Police Enforcers Journal (Boletín Policiaco Estatal), Police Enforcers Journal (Boletín Policiaco)y Trooper Yearbook (Revista Anual Patrullera).

A los consumidores que recibían llamadas, se les informaba que el dinero que se generaba a través de la compra de publicidad, sería usado para manejar esfuerzos de información social acerca del crimen, y para llevar a cabo una campaña informativa que le animara a los menores de no consumir drogas. A algunos consumidores se les decía que el dinero sería usado para apoyar los miembros de las familias de oficiales policiacos que habían fallecido mientras desempeñaban sus cargos. Los empleados de los demandados típicamente llamaban a negocios y les informaban que el negocio ya había autorizado el pago por un anuncio, cuando en realidad esto no era cierto. Asimismo, ciertos negocios recibían "facturas" falsas, en las cuales el negocio mismo ya había aprobado el anuncio publicitario. Asimismo, varios negocios recibían llamadas hostigadoras de parte de los agentes de telemercadeo contratados por los demandados, para que eventualmente paguen por anuncios que en realidad jamás fueron ordenados por los negocios. Tales facturas variaban entre 100 y 600 dólares por anuncio por cada publicación.

Todo el dinero que fue recibido por los demandados de parte de negocios en los Estados Unidos, jamás se dirigió hacia algún fin caritativo. En realidad, todo el dinero fue usado para cubrir gastos personales de los demandados.

Ninguno de los demandados se ha registrado como empresa dedicada a la publicación de material policiaco o como agente de telemercadeo, tal como debería hacerse según la ley de Texas. Toda persona que publique material de carácter policiaco debe cumplir con el Código de Profesiones de Texas (Texas Occupations Code) según el cual se requiere que tales organizaciones entreguen una declaración y que paguen una cuota ante el Secretario de Estado (Secretary of State). También se exige que tales organizaciones le presenten cierta información a la gente que done dinero o compre publicidad en las publicaciones, y asimismo es necesario que toda persona que se dedique a la venta de publicidad o que solicite dinero a nombre de tales revistas se registre ante las autoridades y presente una fianza.

Este caso fue manejado por el Subprocurador John Owens, adscrito a la sucursal de Houston de la División de la Procuraduría General para la Protección al Consumidor.

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Para mayores informes, póngase en contacto con Mark Heckmann, Heather Browne, o Tom Kelley al (512) 463-2050
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