Office of the Attorney General News Release Archive

viernes, 13 de octubre del 2000

FALLO EMITIDO POR CORTE DE APELACIONES RESPALDA LA PROCURADURIA GENERAL EN LO REFERENTE A CASO DE DOCUMENTOS ESCOLARES

El decreto judicial afirma las aserciones del Procurador General, en cuanto a documentos públicos archivados en formato electrónico

AUSTIN - La Corte de Apelaciones de Texas radicada en Eastland ha librado un fallo, en el cual se reafirman los derechos del público a contar con acceso a documentos gubernamentales que sean creados y archivados electrónicamente. La cuestión abarcada por la corte era el derecho de la ciudadanía a tener acceso a resultados en formato electrónico, de pruebas cumplidas por los estudiantes en un distrito escolar. La información bajo cuestión se encentra en manos del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Una de las consideraciones del caso era si el Distrito podía ocluir las identidades de los estudiantes.

Al presentarse durante la fase de apelación del caso, como "amigo de la corte" (amicus curiae), el Procurador General señaló que, bajo las enmiendas más recientes al Acta de Información Pública (Public Information Act), al público también se le debe conceder acceso a información que exista en formato electrónico, y tal parecer fue reafirmado por la Corte al librar su decreto.

"Me alegra que la Corte haya apoyado este principio general, conforme al cual la ciudadanía también cuenta con el derecho a tener acceso a información electrónica, y no simplemente a documentos gubernamentales en formato de papel," dijo el Procurador General John Cornyn. "Este decreto significa que el Acta de Información Publica seguirá siendo plenamente aplicada durante esta nueva época electrónica, y el derecho que el público tiene a estar al tanto de la información suministrada por entidades gubernamentales será paralelo a nuestros avances tecnológicos."

Este caso surgió cuando el Sr. Russell Fish solicitó que el Distrito Escolar de Dallas le entregara una copia de las base de datos en la cual se contenían los resultados de ciertas pruebas llevadas a cabo por estudiantes del Distrito. Fish y la sucursal de Dallas de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) querían analizar los resultados de tales pruebas, como parte de su estudio para determinar si el desempeño académico estaba mejorando o empeorando en ciertas escuelas del Distrito Escolar Independiente de Dallas.

Al contestarle a los solicitantes de la información, el Distrito afirmó que tales datos no podrían ser entregados, ya que en la base de datos también se incluyen los nombres de cada estudiante. El Sr. Fish aseguró que un simple programa de cómputo podría ser usado para reemplazar cada nombre de estudiante con un número de identificación confidencial, por lo que el Distrito indicó que, conforme la ley estatal, al Distrito no se le podía exigir que reemplazara los nombres de estudiantes con números, por lo que se rehusó a entregar la información. Fish antepuso una demanda contra el Distrito para lograr acceso a la información. La Corte de Distrito ante la cual el caso fue originalmente entablado emitió un decreto sumario a favor del Distrito Escolar, y tal decisión fue apelada por Fish.

Según los documentos presentados por el Procurador General para apoyar al Sr. Fish, el mandatario explicó que la ley efectivamente exige que el Distrito Escolar use números para reemplazar las identidades de los estudiantes. En 1995 la Legislatura enmendó la Ley de Información Pública en lo referente a cuestiones de datos en formato electrónico. El Procurador General afirmó ante la corte que estas nuevas normas deberían aplicarse en este caso. Al emitir su decreto, la Corte de Apelaciones determinó que el Distrito se ha equivocado, y que la ley le permite a un distrito escolar de llevar a cabo las modificaciones necesarias a las bases de datos, para así poder entregarlas a quien las solicite, sin tener que dar a saber las verdaderas identidades de los estudiantes.

La Corte de Apelaciones ordenó que el caso fuera nuevamente entregado ante la Corte de Distrito Estatal, para que en tal foro pueda examinarse la metodología que debería aplicarse para proteger las identidades de los estudiantes.

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