Office of the Attorney General News Release Archive



miércoles, 3 de enero del 2001

CORNYN DEMANDA A TRES AGENCIAS DE COBRO DE DEUDAS

Son acusadas tres empresas radicadas en Houston por llevar a cabo tácticas ilegales al cobrar dinero debido por consumidores

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, hoy logró que fuera emitida una orden judicial temporal (temporary restraining order, TRO), según la cual deben cerrarse tres agencias de cobro de deudas radicadas en Houston, bajo alegatos de fraude. La petición presentada por el Procurador General nombra a ciertas personas afiliadas con las empresas demandadas, y se ha solicitado que sean congeladas cuentas bancarias de las compañías y que también sean decomisados ciertos fondos.

Al llevarse a cabo este esfuerzo cooperativo, participaron hoy en la cumplimentación de órdenes de cateo elementos de la Fiscalía del Condado de Harris (Harris County District Attorney) y del FBI. Los demandados son Rudolph Stearnes III, William Ficka III y Kyle Holder, y las respectivas empresas bajo sus cargos son Campbell, Campbell, Drexler & Gates; Thomas, Thomas, Alexis & Lynn; y Ashton, Ashton, O'Riley & Schwartz.

"Las acusaciones presentadas bajo este caso presentan a tres individuos que inconscientemente perjudicaron a varias personas y muchos negocios en Texas y por todo el país, al hacer promesas fraudulentas y falsas en cuanto a sus servicios para cobrar deudas", afirmó el Procurador General John Cornyn. "Es nuestro parecer que, tales personas fingieron ser abogados que trabajaban en despachos legítimos, cosa que les permitió cobrar cantidades debidas por los deudores sin entregarle el dinero correspondiente a sus clientes acreedores".

Bajo alegatos expuestos en la petición entregada el día de hoy, tales compañías enviaban comunicados publicitarios por fax a entidades por todo el país, las cuales no habían solicitado tales envíos, con el fin de vender sus servicios a acreedores que le estaban haciendo frente a dificultades en el cobro de ciertas deudas. Según lo dispuesto por la ley del estado, las agencias dedicadas al recaudo de deudas deben presentar una fianza correspondiente. Sin embargo, los demandados no cumplieron con tal requisito de ley. Asimismo, el envío de publicidad por fax que no haya sido solicitada, corresponde a una violación de la ley federal.

Al falsamente presentarse como abogados, se alega que los individuos nombrados por la demanda solicitaban que las compañías clientes le entregaran expedientes de crédito a los demandados. Al obtener tales datos, se alega que los demandados usaban tácticas extremas para intimidar a los deudores por teléfono, con el fin de presionarlos para que saldaran sus deudas. Luego, después de cobrar tales deudas, se alega que los demandados jamás le entregaron las cantidades correspondientes a sus clientes-los creditores. De hecho, los demandados rápidamente cambiaban su dirección y números de teléfono, para que no fueran detectados.

La División de la Procuraduría General para la Protección al Consumidor alega que dichas compañías seguidamente violaron el Acta Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Deceptive Trade Practices Act), inclusive al causar confusión o malos entendimientos acerca de la fuente o afiliación de los productos o servicios por los cuales estaban cobrando sus deudas, y al falsamente declarar que las agencias de cobro de deudas contaban con la aprobación y el patrocinio de ciertas asociaciones dedicadas a mantener normas empresariales éticas. Según la demanda presentada hoy, las compañías también han sido acusadas por haber violado el Acta de Cobro de Deudas (Debt Collection Act), la cual prohíbe el uso de tácticas amenazantes y de lenguaje profano al cobrar deudas.

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