Office of the Attorney General News Release Archive



jueves, 4 de enero del 2001

EL ESTADO DE TEXAS PRESENTA DEMANDA MULTIMILLONARIA CONTRA ENTIDAD PETROLERA EXXON-MOBIL

Se alega que, por décadas, la compañía ignoró los derechos minerales del Estado en cuanto al campo petrolero "Hawkins Field"

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, hoy antepuso una demanda mayor en Houston, la cual trata de recaudar millones de dólares que supuestamente son debidos por la gigantesca empresa petrolera, Exxon-Mobil. El enfoque de la acción legal son los derechos y las regalías minerales que le hubieran correspondido al Estado, como resultado del petróleo recabado bajo aproximadamente 50 acres que integran una franja de propiedad pública al lado de la carretera que cruza el campo petrolero "Hawkins Field", ubicado en el Condado de Wood, en el este de Texas.

Cornyn informó sobre tales acontecimientos durante una rueda de prensa llevada a cabo en Austin.

"Si triunfamos en este caso-y es mi parecer que lograremos hacerlo-el Estado de Texas recibirá millones de dólares que deberían haberle sido pagados hace años", dijo el Procurador General Cornyn. "Opinamos que Exxon-Mobil intencionalmente ignoró su responsabilidad hacia la gente de Texas, al aprovechar de depósitos de petróleo y gas natural que se encontraban bajo terrenos del Estado, y no incluyó al Estado como uno de los beneficiarios de la producción derivada en el campo Hawkins".

La Procuraduría General se enteró sobre la situación que existe en Hawkins, gracias a la información presentada por un ex dueño de tierras petroleras en el Condado de Coleman. El petrolero, quien descubrió el problema tras independientemente darle inicio a una investigación de ciertas inconformidades al calcular las dimensiones de los terrenos petroleros, desempeñó su estudio bajo la ley de Texas, la cual permite que sean concedidos estímulos a personas que presenten pruebas en lo relativo a fondos que le pertenecen al Estado, pero que jamás fueron pagados.

Los expedientes públicos inspeccionados por la Procuraduría General antes de anteponer la acción legal, presentan pruebas sustanciales que respaldan los alegatos bajo la demanda. Se alega que Exxon-Mobil "convirtió" minerales valiosos que eran propiedad del Estado, para beneficiarse exclusivamente y sin haber recibido el permiso del Estado. Bajo la ley del Estado, al Procurador General le recae la responsabilidad de aplicar la ley, de forma tal que sean recuperadas las cantidades correspondientes.

Durante la década del los años 30, el Estado de Texas adquirió derechos minerales bajo varios terrenos sobre los cuales eventualmente fueron construidas autopistas y carreteras estatales, entre ellos los terrenos abarcados bajo la actual acción legal, en lo que se incluye la franja que recorre la ciudad de Hawkins de este a oeste.

En la década de los años 70, cuando la Comisión de Ferrocarriles de Texas (Texas Railroad Commission) le concedió permiso a Exxon-Mobil de operar el campo Hawkins como entidad individual petrolera y de gas natural (en lo que se incluye parte de la carretera U.S. 80, cuyos derechos minerales le pertenecen al Estado), se alega que la compañía falsamente indicó ante la Comisión que serían protegidos todos los derechos correlativos que le correspondían a propietarios de terrenos vinculados. Bajo la demanda se alega que la compañía estableció pozos demasiado cercanos a terrenos del Estado, y que, sin haber obtenido permiso, también llevó a cabo prácticas de inyección subterránea, lo que causó que fueran trasladados depósitos de petróleo y gas que se encontraban bajo el terreno del estado, hacia depósitos bajo los terrenos de Exxon-Mobil.

En su demanda, el Procurador General asevera que, al llevarse a cabo la explotación mineral primaria y secundaria en el campo Hawkins, Exxon-Mobil y sus antecedentes empresariales siempre habían estado al tanto de los derechos minerales que le hubieran correspondido al Estado.

La demanda alega que la compañía "indebida y conscientemente desaguó minerales desde terrenos" que le pertenecen al Estado, y que jamás invitó al Estado a ser parte de un convenio de unión prorata de derechos minerales, junto a demás propietarios de derechos minerales en terrenos vinculados.

Las cantidades exigidas bajo la demanda podrían llegar a ser millones de dólares. Sin embargo, el monto total no se sabrá hasta que la Procuraduría General no examine, como parte del proceso legal, todos los expedientes empresariales relativos a la explotación mineral de Hawkins Field durante los años en cuestión.

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