Office of the Attorney General News Release Archive



viernes, 5 de enero del 2001

TRAS ACCION LEGAL DEL PROCURADOR GENERAL, SE IMPONE MULTA CONTRA CONSTRUCTOR DE COLONIAS FRONTERIZAS

El Estado sanciona a empresario del Condado de Starr por violar leyes relativas al acceso a servicios públicos

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, hoy informó que, como resultado de una demanda antepuesta por la dependencia a su cargo, se ha logrado obtener 64,500 dólares a favor del Estado. La cantidad tendrá que ser pagada por un empresario que no se conformó a las normas relativas al desarrollo de fraccionamientos de viviendas en las colonias fronterizas.

El Procurador General Cornyn demandó a Eloy Vera y su compañía, Vera Enterprises, Inc., por haber violado la ley estatal que le obliga a los constructores de asegurar que los fraccionamientos que desarrollen cuenten con servicio de desagüe y de agua, o de lo contrario deben depositar las cantidades correspondientes como fianza. Tales normas forman la piedra angular de las leyes que han sido recientemente establecidas para ponerle frenos a la expansión de colonias construidas de manera ilegal en la zona fronteriza de Texas.

Bajo la ley, los que construyan tales viviendas deben proporcionar servicios públicos para los hogares, tales como agua, desagüe, sistemas de drenaje, y calles. Los servicios deben conformarse a los criterios establecidos por el Estado.

"Llevaré a cabo medidas rápidas y seguras para hacer cumplir las leyes que han sido diseñadas para impedir que en la zona fronteriza se establezcan comunidades construidas de manera inconforme a la ley", dijo el Procurador General Cornyn. "Tal respaldo lo merecen los hombres y las mujeres que han trabajado muy duro para que en estos terrenos y en estas comunidades, sus sueños lleguen a ser realidad".

A fines del 1999 y a principios del 2000, los acusados establecieron un fraccionamiento de 81 solares llamado Midway Subdivision. Vendieron 47 de estos terrenos sin haber instalado los debidos sistemas de desagüe y sin pagar la fianza correspondiente. Asimismo, en el fraccionamiento no había sido construido el sistema de drenaje ordenado bajo la ley.

El decreto final, ratificado el día de hoy por Scott McCown, Juez del 345o Distrito Judicial Estatal, ordena que los demandados paguen 47,000 dólares en multas civiles y 17,500 dólares como reembolso por los gastos legales incurridos por el Estado. Los demandados también se ven obligados a establecer un nuevo sistema de drenaje en el fraccionamiento y también deben elaborar un nuevo plan catastral (plat). En el fallo librado hoy hay una cláusula que, de aquí en adelante, le obliga a los demandados adherirse a las leyes estatales relativas a la construcción de fraccionamientos.

Los demandados cumplieron con una orden temporal previa, la cual fue ratificada durante la primavera del 2000, según la cual pagaron la fianza correspondiente y suspendieron la venta de solares residenciales.

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