Office of the Attorney General News Release Archive



jueves, 11 de enero del 2001

CORNYN DEMANDA A SERVICIO DE CREDITO EN EL PASO

El Procurador General lleva a cabo medidas legales contra fraudulento servicio de "reparación" de crédito

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, informa que hoy ha antepuesto una demanda contra la entidad Springs-Freeman Enterprises, la cual maneja sus negocios bajo el nombre New Genesis Credit Services, organización que ofrece servicios de crédito en El Paso. Bajo la demanda se alega que la compañía cometió actos de fraude y engaño al ofrecerle servicios de reparación de crédito al consumidor. La demanda fue presentada ante el Tribunal Número 3 del Condado de El Paso.

"No serán tolerados los que violen la ley y que se aprovechen del público", dijo el Procurador General Cornyn. "Esta demanda debería hacerle muy claro o los que operen una empresa sin conformarse a la ley, que tendrán que hacerle frente a las consecuencias por sus acciones".

En la demanda antepuesta por el Procurador General se alega que la compañía violó el Acta Contra Prácticas Comerciales Engañosas (Deceptive Trade Practices Act), al no informarle a sus clientes acerca de ciertas condiciones en el momento de firmar los contratos correspondientes. Sin embargo, el Código de Finanzas de Texas (Texas Finance Code), le obliga a los prestamistas a dar a saber cierta información ante sus clientes que soliciten dinero prestado. Asimismo, a la compañía se le acusa de haber declarado en su publicidad que la gente puede darle un "nuevo inicio" a su historial de valoración de crédito, pero no indica que, en realidad, toda información que ya sea parte del reporte de crédito de un consumidor no puede ser eliminada desde tal documento.

La demanda también alega que la compañía se presenta como un servicio de "consolidación de deudas", pero no cuenta con la autorización necesaria para ofrecer tal servicio, según lo dispuesto por el Código de Finanzas de Texas.

La demanda del Procurador General solicita que la corte emita una orden permanente que le impida a la entidad de desempeñarse en una forma engañosa e ilegal. La demanda también exige que se impongan multas civiles de 2,000 dólares por cada violación del Acta Contra Prácticas Empresariales Engañosas, hasta alcanzar 10,000 dólares.

El caso está siendo manejado por los subprocuradores James Daross y Pedro Pérez, adscritos a la División de la Procuraduría General para la Protección al Consumidor.

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