Office of the Attorney General News Release Archive



martes, 23 de enero del 2001

CORNYN LOGRA QUE SEA EMITIDA ORDEN JUDICIAL PARA DARLE ALTO A LAS ACTIVIDADES DE ENTIDAD CARITATIVA FRAUDULENTA

Son nombrados en la acción legal la entidad "Law Enforcement Publications" y su dueño

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, logró que fuera emitido un decreto judicial, según el cual Gerald Charles Gibbs, de Houston, se ve obligado a pagar 443,000 dólares tras haber desempeñado actividades fraudulentas al publicar las revistas The State Trooper's Journal ("Boletín de Patrulleros Estatales) y Law Enforcement News ("Noticias Policiacas").

El año pasado, la Procuraduría General y la Fiscalía del Condado de Harris unieron sus fuerzas al impulsar una demanda contra Gibbs y su ex-socio, Anthony Marcel Harris. El 6 de diciembre del 2000, el Tribunal 151 del Distrito Estatal del Condado de Harris concedió un decreto final a favor del Estado, según el cual Anthony Harris se vio obligado a pagar 700,000 dólares al Estado. En la misma determinación jurídica, se le ordenó al demandado de permanentemente desistir sus actividades delictivas.

Gibbs y Harris falsamente acudieron a miles de empresas por todo el país, asegurando que las utilidades de los ingresos recabados por las revistas que publicaban serían usadas para apoyar a elementos del orden público y a sus familias. Los dos fueron acusados de haberle declarado a tales negocios, que parte del dinero recabado al vender publicidad en tales revistas sería usado como donativo para ayudar viudas cuyos esposos policías fallecieron mientras desempeñaban su cargo oficial.

"Este fue un esfuerzo de cooperación, llevado a cabo con el fin de darle alto a las entidades caritativas que operan afuera de la ley, al fingir de ser legítimas publicaciones dedicadas a apoyar a agentes policiacos", señaló el Procurador General Cornyn. "No será tolerado este tipo de fraude, especialmente cuando se disfraza como una respetable organización benéfica".

Según la ley de Texas, aquellas publicaciones dedicadas a temas del orden público, deben registrarse ante las autoridades y depositar una fianza correspondiente ante el Secretario de Estado (Secretary of State). Sin embargo, Harris y Gibbs tampoco cumplieron con tal requisito de ley. Los dos fueron demandados por haber violado el Acta Contra Prácticas Empresariales Engañosas, y demás normas.

Hoy fue emitida una orden judicial permanente contra Gibbs, la cual fue ratificada por la Juez Katie Kennedy, a nombre del Tribunal 151. Según tal decreto, Gibbs tendrá que pagarle 383,000 dólares al Estado como restitución a favor de las personas afectadas por sus actividades delictivas. Asimismo, se ve obligado a pagar 50,000 dólares como reembolso de los gastos legales incurridos por el Estado, y una multa de 10,000 dólares.

El caso fue manejado por el Subprocurador General John Owens, adscrito a la sucursal de Houston de la División de la Procuraduría General para la Protección al Consumidor, y Robbie Clements, Subfiscal Civil por el Condado de Harris.

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