Office of the Attorney General News Release Archive



miércoles, 7 de marzo del 2001

CORNYN INFORMA QUE SE HAN DECLARADO CULPABLES TRES INDIVIDUOS ACUSADOS POR HABER COMETIDO FRAUDE CONTRA EL PROGRAMA MEDICAID

El trío, radicado en Austin, llevó a cabo una estrategia en la cual el programa Medicaid fue defraudado por casi 600,000 dólares

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, informó hoy que tres personas acusadas en Austin se declararon culpables de haber llevado a cabo dos estrategias en que defraudaron al estado y al programa federal Medicaid de servicios médicos, logrando ganancias ilegales de casi 600,000 dólares. Se inició la estrategia a fines del 1997. Durante la audiencia en que se impondrá la sentencia contra los culpables, también se abarcará la forma en que tendrán que reembolsar al programa por sus pérdidas.

El fraude se descubrió gracias a la colaboración entre la Unidad de la Procuraduría General para Control de Fraude Contra el Programa Medicaid, el servicio federal de impuestos (IRS) y el FBI. En la investigación se descubrió que Juan F. Herrera, Manuel J. Lara y Deborah Lyle Dysart operaron una fraudulenta clínica para tratar a adolescentes drogadictos en la ciudad de Bastrop, llamada Crossroads Advocacy Program. A Herrera y Lara también se les acusa de operar un programa semejante llamado Life Youth Services, del cual Paul G. Butler, Jr. Era el dueño. Butler fue formalmente acusado bajo cargos independientes, y en julio del 1999 se declaró culpable por haber defraudado al programa médico. Todavía no ha sido sentenciado.

Lara, Herrera y Butler también trabajaban en una clínica en Austin para el tratamiento de adicción. Tal entidad operaba bajo el nombre Genesis Advocacy Program, a cargo de Lawrence V. Davis, Jr., quien, al igual de Butler, fue acusado bajo una acción legal independiente y desde aquel entonces ha afirmado su culpabilidad.

"Estos individuos no solamente elaboraron una estrategia para robar dinero del programa Medicaid al someter facturas falsas. También se aprovecharon de niños y proporcionaron datos falsos acerca de tales menores, con el fin de arriquecerse con dinero sucio", dijo el Procurador General Cornyn. "Merecen el más severo castigo que pueda ser aplicado por nuestro sistema de justicia penal".

En el caso de la clínica Crossroads, Dysart, Herrera y Lara repartieron entre si mismos las utilidades de la empresa y usaron la entidad como un frente para emitir facturas falsas, las cuales venían siendo pagadas por Medicaid. Lara dejó Crossroads en agosto del 1998 y acompañó a Herrera, quien trabajaba por Butler en la clínica Youth Life Services, de manera tal que esto le permitió a Dysart y Herrera de dividir en mitades iguales los ingresos logrados por Crossroads.

En cada uno de estos casos, los acusados contrataron a asesores, para que le dieran a los centros la aparencia de ser entidades legítimas. Sin embargo, esto simplemente era una frente para facturar ilegalmente a Medicaid. Las pruebas también señalan que fueron creados "pacientes" que en realidad no existían, para que le fueran cobradas cantidades correspondientes al programa Medicaid por su tratamiento contra la drogadicción. Los culpables también afirmaban ante los padres de varios jóvenes que las empresas no se trataban de clínicas para tratar drogadicción, sino programas "gratuitos" de recreo y estudio para niños después del día escolar. Sin embargo, los culpables falsamente declararon ante la Comisión de Texas para el Tratamiento de Abuso de Alcohol y Drogas (Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse) que los niños eran adictos, y que necesitaban tratamiento profesional que sería pagado por Medicaid. Subsecuentemente, los culpables crearon expedientes y documentos falsos para tales "clientes", en los cuales indicaban que los jóvenes recibieron asesoramiento para tratar su "adicción". Basándose en tales documentos falsos, entregaban facturas ante el programa Medicaid.

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