Office of the Attorney General News Release Archive



miércoles, 9 de mayo del 2001

CORNYN DEMANDA A DOS ENGAÑOSAS EMPRESAS DE TELEMERCADEO RADICADAS EN HOUSTON

El Procurador General y el Abogado del Condado de Harris luchan contra la venta de publicidad en fraudulentas revistas policiacas

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, y el Abogado del Condado de Harris (Harris County Attorney), Michael Stafford, hoy conjuntamente entablaron una demanda contra personas que se han dedicado a vender espacio para publicidad en revistas falsas o raramente publicadas, las cuales supestamente abordan temas policiacos y del orden público. Los demandados vendían tal espacio publicitario a empresas ubicadas en todo el país.

En un caso independiente, Cornyn y Stafford lograron que una corte emitiera una orden final, y un decreto judicial por 300,000 dólares, contra otros tres individuos que habían sido previamente demandados por operar una semejante empresa fraudulenta de telemercadeo, también basada en Houston.

"Seguiremos a cerrar las puertas de organizaciones engañosas que llevan a cabo sus ventas por teléfono, al hacer declaraciones fraudulentas ante los consumidores y dañando la buena fama de las verdaderas agencias del orden público de Texas", dijo el Procurador General John Cornyn.

Esta es la cuarta demanda entablada por Cornyn, cuyo enfoque ha sido el de darle fin a las actividades de tales entidades engañosas. El demandado Monroe White (alias Islam Muttilib), empezó a vender espacio publicitario en sus revistas hace varios años. White contaba con varios empleados que principalmente llamaban a compañías ubicadas afuera del estado de Texas, ofreciendo a la venta espacio para anunciarse en revistas policiacas. El demandado le dio varios nombres diferentes a sus publicaciones, pero todos implicaban que tales revistas se habían asociado a patrulleros estatales, alguaciles (sheriffs) y departamentos de policía. Entre los nombres de estas revistas, las cuales muy raramente se publicaban, figuraban: Revista de Protección de Niños (Children's Protection Magazine), Revista Sobre Violencia Escolar y Doméstica (School and Domestic Violence Magazine) y Resumen Anual de los Oficiales d Paz (Peace Officers Yearbook).

El Estado logró que se librara una orden judicial, la cual le prohíbe a White de desempeñarse en cualquier negocio de telemercadeo, hasta no conformarse a las correspondientes leyes de Texas. Tal orden también congela los bienes personales y empresariales del acusado. La demanda exige que se impongan multas contra White, y que se vea obligado a cubrir los gastos legales del Estado además de efectuar reembolsos a favor de los consumidores que ha perjudicado.

En un segunda demanda, antepuesta por Cornyn y Stafford contra John Gilbert Robinson, Nathaniel Peace y Bruce Lynn Middleton, los demandados vendían espacio publicitario en revistas policiacas que ni siquiera existían. En tal caso, los demandados también nombraron sus publicaciones ficticias de manera tal que daban la impresión de tener vínculos con entidades del orden público: Boletín de la Policía Estatal (State Police Journal), Boletín de Cumplimiento Policiaco Estatal (State Police Enforcement Journal), Resumen Anual patrullero (Trooper Yearbook), Revista de la Fuerza Policiaca Local (Local Police Force Review) y Gaceta Patrullera (Trooper Gazette). Robinson había sido previamente nombrado en una demanda antepuesta en el Condado de Travis, tras operar otra engañosa empresa dedicada al telemercadeo.

El Estado logró que la corte emitiera una orden judicial, según la cual a Robinson, Peace y Middleton les resulta prohibido manejar cualquier empresa que se dedique a promociones por teléfono. En el decreto final, se impusieron 20,000 dólares de multa, 60,000 dólares en pagos para reembolsar al Estado por gastos legales y 220,000 dólares en reembolsos a favor de personas afectadas.

En los casos de White y Robinson, a los consumidores se les decía que el dinero que donaran sería usado para manejar un esfuerzo de comunicación social para educar al público sobre el crimen, para alejar a los niños desde las drogas, o para respaldar a miembros de las familias de agentes policiacos que habían fallecido mientras desempeñaban sus deberes oficiales. Por medio de llamadas o por correo, los demandados le informaban a sus víctimas que ellas anteriormente habían aprobado el pago por tales anuncios, pero en realidad no era cierto.

Asimismo, los agentes de telemercadeo hacían llamadas abusivas y hostigadoras relativas a deudas que en realidad tampoco existían, exigiendo que las compañías a las cuales llamaban pagaran entre 75 y 1,000 dólares por cada anuncio falso. El dinero recabado por medio de tal táctica no se utilizaba para fines caritativos. En realidad, estos eran los ingresos personales de los demandados.

Toda persona a cargo de una entidad que apoye a organizaciones policiacas, y toda casa editora de publicaciones relacionadas al orden público, deben conformarse al Código de Profesiones de Texas (Texas Occupation Code), según el cual la entidad debe registrarse y pagar una cuota correspondiente al Secretario de Estado. Las organizaciones también deben hacer declaraciones obligatorias ante gente que contribuya dinero o que compre espacio publicitario. Cada persona que solicite fondos o que venda espacio publicitario a nombre de tales entidades también debe registrarse y presentar una fianza ante el Estado. Ninguno de los demandados había cumplido con tales requisitos.

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Enlace para los medios de comunicación en español: Paco Felici al (512) 463-4501, espanol@texasattorneygeneral.gov
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