Office of the Attorney General News Release Archive



miércoles, 26 de septiembre del 2001

CORNYN LOGRA VICTORIA LEGAL CONTRA "CAMPAMENTO" DE ANCIANOS

Bajo orden legal, los clientes serán reembolsados por cuotas excesivas que tuvieron que pagar

AUSTIN - El Procurador General de Texas, John Cornyn, informó hoy que ha establecido un acuerdo legal con los ex-dueños de la compañía San Jo Cove, Inc., la cual operaba un "campamento" para ancianos en la ciudad de Willis, ubicada al norte de Houston. Bajo el acuerdo legal y el dictamen correspondiente emitido por el tribunal, se exige que la entidad, inclusive los dueños Larry y Sandra Carlson, efectúen reembolsos a favor de más de 500 clientes quienes reclaman haber sido víctimas de tácticas financieras abusivas.

La compañía tendrá que pagar un total de 450,000 dólares, según el decreto de la Corte de Distrito Estatal del Condado de Harris, en lo que se incluyen los reembolsos para los ex-clientes y la recuperación de gastos legales incurridos por las autoridades. Los denunciantes recibirán reembolsos de entre 500 y 2,545 dólares cada uno. Las primeras quejas contra la entidad fueron antepuestas en 1997.

"No serán toleradas este tipo de tácticas abusivas, las cuales se aprovechan de la gente anciana que está tratando de gozar su tercera edad", puntualizó el Procurador General Cornyn.

San Jo Cove se dedicaba a la venta de inscripciones para que la gente se hiciera miembro de campamentos "perpetuos", sin claramente establecer, en los contratos firmados por los clientes, qué significaba tal término. A muchas de las personas que trataron de darle fin a sus contratos, por buenas razones, tales como el padecer enfermedades graves o el ya no poder conducir un auto, la entidad les informaba que tenían que pagar una cuota de 500 dólares por adelantado para cancelar sus contratos. Sin embargo, ni el contrato celebrado entre la compañía y sus clientes ni ningún otro documento elaborado por la entidad mencionaba tal cuota. Asimismo, la compañía le informaba a aquellos clientes que querían cancelar sus contratos que, al no remitir la cuota de cancelación antes de darle fin al contrato, las cuentas correspondientes serían entregadas a una oficina de cobro de deudas, y el caso también sería reportado a una agencia de historiales de crédito.

Ciertos miembros que llamaban para tratar de cancelar sus contratos fueron informados por empleados de San Jo Cove que el acuerdo sería vigente hasta que falleciera tal cliente, y que sería imposible cancelarlo. A otros clientes se les decía que, al no pagar la cuta de 500 dólares por la cancelación, y, en ciertos casos, al no saldar cualquier deuda anterior, la compañía lograría el acceso a las cuentas bancarias de tales personas, y que cualquier cantidad no pagada sería responsabilidad de los herederos una vez que falleciera el miembro. Y en ciertos casos más, algunos clientes se vieron obligados a firmar contratos "de lujo", por 2,500 dólares, simplemente como condición para cancelar sus contratos anteriores y para evitar que sus herederos tuvieran que saldar la deuda.

En su acción legal, la Procuraduría indicó que la compañía cometió varias violaciones del Acta Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Deceptive Trade Practices Act), del Código de Finanzas (Finance Code) y del Acta Para Campamentos Privados (Texas Membership Camping Resort Act). Según la ley, la compañía no cumplió con el requisito que le obligaba a dar a saber a sus clientes las cuotas, impuestos, u otras cantidades que tenían que ser pagadas por los clientes para uso de la instalación.

También fue establecida una orden legal permanente, conforme a la cual a la compañía le queda prohibido declarar o implicar que sus contratos son "perpetuos" y que los clientes se vean obligados a un acuerdo que dure por el resto de sus vidas y, tras fallecer, que sus herederos deban responsabilizarse por la deuda.

San Jo Cove fue adquirido en 2000 por nuevos propietarios, quienes han plenamente cooperado con la investigación de los dueños anteriores. El nuevo campamento opera bajo el nombre Castaways.

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Enlace para los medios de comunicación en español: Paco Felici al (512) 463-4501, espanol@texasattorneygeneral.gov
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