Office of the Attorney General News Release Archive



jueves, 11 de octubre del 2001

CORNYN ASEGURA UN FIRME SEGUIMIENTO AL CASO DEL PUENTE DERRUMBADO

PUERTO ISABEL - El Procurador General de Texas, John Cornyn, hoy indicó que será llevado a cabo un firme seguimiento a cada posible acción legal, para asegurar que las personas responsables por el derrumbe fatal de la carretera elevada Reina Isabel sean hechos responsables por el daño y pérdidas que han causado.

Cornyn señaló que la pérdida de vidas, la pérdida de empleos y el impacto contra la economía local debido al derrumbe, han sido devastadoras. El Procurador General presentó algunos comentarios durante una rueda de prensa, al ser acompañado por el Senador Estatal Eddie Lucio.

"Le daré seguimiento a cada remedio legal a nuestro alcance, de manera tal que la compañía de remolques marinos cuya barcaza se estrelló contra el puente se haga responsable por el daño que fue causado", indicó Cornyn.

"Están siendo manejadas investigaciones por mi oficina, el Departamento de Transportes de Texas, el Guardacostas y demás entidades", dijo Cornyn. "Según toda la información que hemos recibido hasta el momento, el indicar que la razón por estos acontecimientos se atribuye a los bancos de arena en el canal o a supuestos defectos en las luces de navegación, es simplemente una estrategia para tratar se oscurecer y evadir la responsabilidad".

"Debemos recordar que ocho personas perdieron la vida en este accidente, y que las pérdidas económicas contra la Isla del Padre todavía están siendo calculadas", dijo Cornyn. "El impacto de este accidente es difícil de imaginar. Los contribuyentes de Texas, los residentes de la Isla del Padre Sur y las familias de las personas que fallecieron merecen nuestros mejores esfuerzos para cumplir con la justicia y recuperar las cantidades correspondientes por el daño causado".

Cornyn indicó que su personal legal está investigando el accidente y colaborando con el Guardacostas y agencias federales. "Al cumplimentarse nuestra investigación, le daremos seguimiento al caso ante las correspondientes cortes federales y estatales", aseguró Cornyn. "Abarcaremos en forma agresiva cada remedio legal a nuestro alcance".

A escasas horas después del accidente que ocurrió el 14 de septiembre, las compañías Brown Water Towing I, Inc., y Brown Water Marine Services, Inc., presentaron ante una corte de distrito federal una solicitud, en la cual piden que su responsabilidad legal sea limitada al valor de la barcaza que causó el accidente, refiriéndose a una ley marina que entró en vigor en 1851. Si la corte concede tal solicitud, la responsabilidad financiera de las compañías sería de solamente 270,000 dólares, lo que corresponde a una fracción de los potenciales daños como resultado del accidente.

El 19 de septiembre, la Procuraduría General entabló una demanda a nombre del Departamento de Transportes de Texas, ante una corte de distrito estatal en el Condado de Cameron. En dicha acción legal, la Procuraduría exige que el Estado recupere todas las cantidades atribuidas a la reparación de los daños al puente, las medidas de emergencia que fueron necesarias después de que se derrumbara la estructura, los esfuerzos de rescate, las operaciones de los transbordadores entre la isla y la tierra firme que ahora son necesarios y demás gastos relacionados. Se calcula que las reparaciones al puente costarán más de 4 millones de dólares.

En la demanda antepuesta por Cornyn se alega que la compañía no estableció y no siguió una ruta de navegación para la barcaza; no usó de manera debida el equipo de radar, cartas marinas y demás equipo; no llevó a cabo las medidas adecuadas en que fueran tomadas en cuenta las condiciones de navegación, para así evitar un choque; y no entrenó en manera debida a su personal, de manera tal que se la barcaza fuera operada en forma segura.

El 24 de septiembre, la Juez de Distrito Federal Hilda D. Tagle ordenó que se suspendiera toda demanda adicional, salvo por la acción legal presentada ante la corte federal, y ordenó que toda petición legal relacionada a pérdidas como resultado del accidente contra el puente sean presentadas ante el tribunal en que ella preside, no más tarde del 14 de marzo del 2002. Después de tal fecha, se llevará a cabo una audiencia para fijar los detalles sobre cómo precederán los casos. Cornyn indicó que su oficina antepondrá peticiones y documentación adicional ante la corte federal antes de la fecha indicada por la Juez. Sin embargo, el Procurador no quiso discutir los detalles de su estrategia legal, ya que la investigación todavía está siendo llevada a cabo.

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Enlace para los medios de comunicación en español: Paco Felici al (512) 463-4501, espanol@texasattorneygeneral.gov
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