05/31/13

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El Procurador General Abbott Asegura la Congelación de Activos y la Orden Judicial Temporal en Contra de Pareja Acusada de Estafar a los Clientes de Contratos de Tiempo Compartido

DALLAS – Una corte estatal de distrito en Dallas emitió una orden judicial temporal y mantuvo la congelación de activos en contra de una firma local acusada de defraudar a clientes de propiedades de tiempo compartido.

La orden judicial se deriva de una acción legal de la Procuraduría General, en la cual nombra a Charles H. Williams II, su esposa Glenda Williams y su firma Legal Advocate for the Consumer como demandados. En la acción legal del Estado también se nombra a Advocate for the Consumer (Mediación) LLC y a Charles Williams también conocido como Chip Townsend y Charles Robertson.
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Acción legal de la Procuraduría General contra Legal Advocate for the Consumer
Orden de restricción temporal contra Legal Advocate for the Consumer

De acuerdo a los investigadores del estado, Charles Williams usó diferentes alias y retratos elaborados en varios estados para anunciar sus servicios de “mediación”. Williams indicaba que él tenía acceso a abogados licenciados quienes podían representar los intereses de los clientes para lograr la suspensión de obligaciones de los pesados pagos de propiedades de tiempo compartido.

Después de aceptar el pago de mil quinientos dólares para iniciar el proceso, los demandados prometían usar sus habilidades legales para evitar los contratos de propiedades de tiempo compartido, obtener un rembolso y proteger el crédito de los clientes.

La investigación del Estado revela que para convencer a los clientes sobre la autenticidad de la firma, los acusados usaban formularios falsos para dar la impresión que la firma contactaría a los vendedores de propiedades de tiempo compartido y negociaría los rembolsos. En realidad, los demandados nunca dieron un seguimiento a los contratos o a la mediación. Al contrario, ellos retuvieron los pagos anticipados de los clientes y no proporcionaron rembolsos.

Los investigadores también encontraron que la página de internet de los demandados decía falsamente que la firma "iniciaría y mantendría comunicación con las agencias reguladoras y del gobierno correspondientes para llegar a una resolución". Además, los demandados indicaban que ellos trabajan muy de cerca con la Procuraduría General y otras agencias en los contratos de cancelación apropiados. Tales declaraciones engañaban a los clientes diciendo que la conducta de los demandados era un proceso de colaboración bajo la protección de las agencias del gobierno.
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