05/18/07

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Corte le pone un alto a estafa de bienes raíces en Austin y obliga al demandado pagar 1.4 millones de dólares

AUSTIN - Una acción legal entablada por el Procurador General de Texas Greg Abbott le ha dado un alto permanente a una estafa de bienes raíces en Austin que se enfocó contra consumidores Hispanos.

Una orden emitida por la Corte Judicial del 126? Distrito le prohíbe a Roberto Flores y su empresa Galindo Trust vender viviendas a consumidores sin dar a conocer de la existencia de embargos preventivos (liens) sobre las propiedades. La Corte también ordenó que los demandados pagaran más de 1.4 millones de dólares en sanciones civiles por violar la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Deceptive Trade Practices Act, DTPA). Asimismo, Flores debe efectuar reembolsos para los consumidores que fueron perjudicados como resultado de la estafa confabulada por los demandados.

Enlaces para los medios de información
Dictamen contra Galindo Trust
Demanda contra Galindo Trust
Orden de restricción temporal contra Galindo Trust

(Haga clic para engrandecer)
Muestra de acuerdo de "dinero en seña"




“Ser dueño de su propio hogar es una meta del sueño americano”, dijo el Procurador General Abbott. “La gente de Texas no tolerará aquellos que se aprovechan de quienes aspiran ser dueños de sus propias casas. Debemos proteger energéticamente aquellos con el deseo de algún día tener una vivienda”.

Flores vendió las viviendas a consumidores sin dar a conocer la existencia de embargos preventivos sobre las propiedades. La entidad Shriners Hospital, que fue el dueño original de las propiedades, le vendió y financió las viviendas a Flores, que a su vez pagaba la hipoteca correspondiente a través de Galindo Trust. Flores volvió a vender las casas a los nuevos compradores individuales, pero posteriormente dejó de realizar los pagos a Shriners Hospital, poniendo las viviendas bajo riesgo de ejecución hipotecaria. Cuando algunos de los consumidores que financiaron sus compras a través de Galindo Trust intentaron vender sus casas, no lograron hacerlo debido a la existencia del embargo preventivo anterior de Shriners sobre las propiedades.

Shriners Hospital, que desconocía del arreglo fraudulento, está colaborando con la Procuraduría General y con la organización Volunteer Legal Services del Condado de Travis para ayudar a los consumidores a obtener los títulos de las viviendas.

Flores también les decía a los consumidores que los correspondientes pagos de seguro y de impuestos sobre la propiedad se estaban haciendo a su nombre. En realidad, Flores había dejado de realizar los pagos a las aseguradoras y al distrito de valoración, lo cual causó que las pólizas de seguro se vencieran y que los consumidores enfrentaran grandes deudas de impuestos sobre su propiedad.

El Procurador General Abbott le ofrece a los consumidores los siguientes consejos para la compra de una vivienda:
  • Desconfíe de vendedores que le presionan para que haga una decisión inmediata para que compre una vivienda o firme documentos.
  • Revise todos los documentos cuidadosamente antes de firmar; llévelos ante una persona independiente, tal como un abogado, para que le ayude a revisar los términos si hay algo que usted no entiende.
  • Asegúrese de que esté involucrada en la transacción una empresa de investigación de títulos (title search company) para determinar quién es el dueño de la propiedad y si existen embargos preventivos o deudas pendientes por las cuales usted podría ser hecho responsable.
  • Nunca realice pagos usando dinero en efectivo. Utilice cheques o giros postales. Evite hacer pagos grandes de depósito antes de cerrar la compra.
  • Si los pagos mensuales al vendedor o a la institución financiera incluyen el seguro de la vivienda o los impuestos a la propiedad, revise independiente y periódicamente con el asesor de impuestos del condado (tax assessor-collector) y con la aseguradora para verificar que las cuentas están al corriente.


Los consumidores que creen que han sido engañados en una compra de bienes raíces deben reportarlo a la Procuraduría General llamando gratuitamente al 1-800-252-8011 o presentando una queja a través de la Internet en www.texasattorneygeneral.gov. La Procuraduría General cuenta con información y personal bilingüe para atenderle.
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