03/01/13

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2 Acusados Formalmente tras Investigación de Autoridad de Viviendas

BASTROP – Un gran jurado del Condado de Bastrop hoy emitió acusaciones formales de delito penal contra una madre y su hijo por conspirar para defraudar programas de viviendas públicas, que son financiados por los contribuyentes. Los dos acusados enfrentan cargos penales de robo y actividad criminal organizada por su confabulación para beneficiarse a sí mismos y sus parientes a costo de los contribuyentes y texanos de bajos ingresos.

La acusada Brenda D. Schroeder, de 62 años y de Smithville, supervisó la oficina de Autoridad de Viviendas de Smithville y actuó como su directora ejecutiva desde el 2006 hasta mayo de 2012. Schroeder enfrenta cargos de robo penal agregado de primer grado por un funcionario público (más de 250,000 dólares), someter solicitudes de crédito fraudulentas e involucrarse en actividad criminal organizada. La mesa directiva de la Autoridad de Viviendas de Smithville formalmente despidió a Schroeder el 1 de julio de 2012.
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Brenda D. Schroeder
Acusación formal de Schroeder

Wendall B. Bennett
Acusación formal de Bennett

El hijo de Schroeder, el acusado Wendall B. Bennett, de 43 años y de Newcastle en el Condado de Young, fue acusado formalmente de cargos penales de robo e involucrarse en actividad criminal organizada. Una investigación realizada por la Procuraduría General reveló que Schroeder ilícitamente distribuyó pagos de viviendas federales a Bennett, afirmando falsamente que él era propietario y por lo tanto elegible para recibir subsidios federales como proveedor de viviendas para familias de bajos ingresos. La Oficina del Inspector General del Departamento de E.U. de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) remitió el caso a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Texas.

Además de ilícitamente desviar fondos federales hacia Bennet, Schroeder también ilícitamente falsificó documentos, falsificó firmas e infringió la Sección 8 de las reglas federales de vivienda a fin de proveer vivienda con subsidio de los contribuyentes a por lo menos dos docenas de sus familiares. De hecho, evidencia obtenida por el Estado indica que algunos de los parientes de Schroeder recibieron beneficios ilícitos dobles, como inquilinos y propietarios. El ardid ilícito de Schroeder no solo defraudó a contribuyentes, sino que también perjudicó a residentes de escasos recursos en Smithville que quedaron relegados a la lista de espera de la autoridad de vivienda porque los familiares de los acusados estaban acaparando todos los fondos disponibles para viviendas a familias de bajos ingresos.

La investigación del estado también reveló que Schroeder le pagaba a Bennet un salario regular como propietario y encargado de mantenimiento a pesar de que él vivía a casi 300 millas de Smithville.

Cuando es operado de forma licita y bajo circunstancias ordinarias, el programa de asistencia pública de la Autoridad de Vivienda de Smithville distribuye beneficios a través de un sistema de cupones. Bajo este programa, las personas que buscan asistencia social se comunican con la Autoridad de Viviendas de Smithville para solicitar beneficios. Una vez que los fondos están disponibles para cupones de renta, el solicitante independientemente busca una vivienda de su elección y la alquila. HUD entonces distribuye fondos federales a la autoridad de vivienda local, la cual le paga directamente al propietario de la vivienda alquilada. Bajo este sistema, el beneficiario de bajos ingresos no recibe dinero de HUD porque esos dólares son remitidos directamente al propietario de la vivienda alquilada.

En un esfuerzo por evadir los controles para la prevención de fraude de HUD, los investigadores encontraron que Schroeder falsamente registraba a Bennett y otros familiares como propietarios a fin de que pudieran ser elegibles para recibir los pagos federales porque supuestamente proporcionaban viviendas a inquilinos que no existían. Para hacer aún más turbia su confabulación ilícita, los acusados alternaban a sus familiares para meterlos o sacarlos del sistema a fin de que las distribuciones federales pudieran variar de mes en mes. El alcance del fraude de los acusados fue tan vasto que hacían arreglos para que familiares que vivían tan lejos como la región de Wichita Falls y en Needville, al suroeste de Houston, fueran incluidos en las listas de viviendas públicas de Smithville.

El Subprocurador General David Glickler estará a cargo del proceso penal por parte del Estado. Un delito penal de primer grado puede resultar en un castigo de cinco a 99 años en prisión o cadena perpetua y una multa que no exceda 10,000 dólares.
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