10/18/13

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Ex Dueña de Empresa de Cobros de Equipo Médico Sentenciada a Prisión Federal por Fraude de Atención Médica

McALLEN – La ex propietaria de una empresa de ventas de equipo médico, que ya no está en operación, y una ex cobradora de facturas médicas han sido sentenciadas a prisión por tomar parte en una conspiración y engaño para defraudar a Medicaid y Medicare a través de facturas fraudulentas, informaron hoy el Fiscal Federal Kenneth Magidson y el Procurador General de Texas Greg Abbott.

La co-propietaria de RGV DME Carla Cantu Herrera, de 32 años, junto con su ex esposo Marcello Herrera, de 41 años, y su ex empleado Ramon De La Garza, de 52 años, todos de Mission, se declararon culpables el 21 de febrero de 2013, por conspiración para defraudar a Medicare y Medicaid de Texas. Beatriz Ramos, de Edinburg y de 29 años, una ex cobradora de RGV DME, anteriormente se declaró culpable de conspiración el 16 de octubre de 2012. Marcelo Herrera y De La Garza también se declararon culpables de un cargo de robo de identidad agravado por ilícitamente usar la identidad de un beneficiario para cobrarle a Medicare y Medicaid 5 mil dólares por una silla motorizada que no fue solicitada, ni recetada, ni entregada.

Hoy, Carla Herrera recibió una sentencia de 80 meses de encarcelamiento tras ser declarada culpable de conspiración. Ella también tendrá que cumplir tres años de supervisión después de salir de prisión. Además de la sentencia de prisión, a ella se le ordenó pagar indemnización a Medicare y Medicaid por la cantidad de 5.5 millones de dólares. Como parte de la declaración de culpabilidad, Carla Herrera se conforma al dictamen monetario de más de 5.5 millones de dólares además de renunciar a las sillas de ruedas, sillas motorizadas y otros artículos de equipo médico descubiertos en una instalación de almacén en Alamo, que Marcelo Herrera había rentado y finalmente fue embargado por el FBI.

Ramos recibió una sentencia de 24 meses de libertad supervisada por la condena de conspiración. Además, de enfrentar una orden de restitución monetaria a Medicare y Medicaid, en una acción que ha sido postergada para el 14 de noviembre.

Anteriormente en el año en curso, la corte había sentenciado a Marcelo Herrera y De La Garza a prisión por su participación en los delitos. Marcelo Herrera fue sentenciado en julio a 120 meses por conspiración al igual que la sentencia obligatoria de 24 meses por robo de identidad agravada para un total de 144 meses en prisión federal, y que serán seguidos por tres años de supervisión después de salir de prisión. La corte ordenó que él pague indemnización a Medicare y Medicaid por una cantidad de 6.1 millones de dólares y emitió un dictamen monetario en su contra por esa cantidad. La Corte también ordenó que él renuncie a las sillas de ruedas, sillas motorizadas y otros artículos de DME descubiertos en su instalación de almacén que había rentado en Alamo. De La Garza fue sentenciado a 110 meses por conspiración para defraudar a Medicare y Medicaid junto con la sentencia obligatoria de 24 meses por robo de identidad agravado, la cual él debe cumplir consecutivamente a la otra sentencia, resultando en una sentencia total de 134 meses en prisión federal. Además de la sentencia de prisión, él fue ordenado a pagar indemnización a Medicare y Medicaid por la cantidad de 5 millones de dólares, y un dictamen monetario fue emitido en su contra por dicha cantidad. Él también cumplirá tres años de supervisión después de salir de prisión.

Desde la primera parte de 2004 hasta finales de 2011, Marcello Herrera, que operaba comercialmente como RGV DME en el área de McAllen, se involucró y dirigió un engaño para presentar reclamos fraudulentos a Medicare y Medicaid de Texas por sillas motorizadas, suministros de incontinencia, camas y colchones de hospital al igual que otros suministros de equipo médico. Desde enero de 2006 hasta febrero de 2010, su ex esposa, Carla Cantu Herrera, quien admitió ser directora de mercadeo, directora principal de finanzas, presidenta de la empresa, administradora de oficina, gerente de recursos humanos y copropietaria de RGV DME, y los cobradores De La Garza y Ramos todos participaron en la conspiración y ayudaron a Marcello Herrera y el uno al otro para presentar cobros fraudulentos, fraude de giros y robo de identidades de beneficiarios y doctores.

En la corte el 21 de febrero de 2013, Carla Herrera admitió que durante su participación en la conspiración, los reclamos falsos y fraudulentos presentados ante Medicare y Medicaid de Texas fueron más de 9.9 millones de dólares por lo que recibieron pagos ilícitos de más de 5.5 millones de dólares. Los Herrera y De La Garza admitieron que aproximadamente 85 por ciento de sus cobros presentados a Medicare y Medicaid de Texas fueron falsos y fraudulentos. El trio también admitió que usaron comercializadores para obtener números de identificación de Medicare y Medicaid y otra información de beneficiarios, la cual utilizaron para cobrarle fraudulentamente a Medicare y Medicaid por equipo médico que jamás fue recetado o que fue recetado pero jamás entregado. Los Herreras además reconocieron que ellos o sus comercializadores intentaron obtener referencias de pacientes u pedidos para equipo médico de doctores a cambio de regalos.

La investigación que llevó a los cargos fue realizada por la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Servicios Humanos y de Salud y la Unidad de Fraude al Medicaid del Procurador General de Texas. El Subfiscal Especial Federal Rex Beasley y el Subfiscal Federal Grady Leupold manejaron el caso. Las Subfiscales Federales Mary Ellen Smyth y Kristine Rollinson asistieron con los aspectos de incautación del caso.
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