El Procurador General de Texas Ken Paxton envió una carta de comentarios dirigida por West Virginia al administrador de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), Michael Regan, instando a la agencia a abandonar una nueva regla dirigida directamente a la industria de petróleo y gas natural con regulaciones paralizantes.

A base de una regla propuesta previamente anunciada e igualmente defectuosa, la EPA ahora ha introducido una propuesta suplementaria más radical que va aún más lejos para avanzar en una agenda climática dañina y aplastar grandes porciones del sector energético estadounidense. La regla suplementaria tomaría medidas enérgicas contra las instalaciones de petróleo y gas con pautas de emisión drásticas y sin precedentes.

Para hacer cumplir estas nuevas reglas complicadas, la regla de la EPA eliminaría a los estados en ciertos casos y facultaría a los grupos de interés de terceros para identificar grandes emisores de metano y notificarlos, lo que requeriría acciones sustanciales por parte del propietario que recibe el aviso.

Los costos de cumplimiento de la regla suplementaria y su aplicación, que tienen el potencial de llevar a la bancarrota a miles de productores de energía, serían de miles de millones. Los costos de la regla inevitablemente caerían sobre los hombros del pueblo estadounidense, todo mientras se implementa en nombre de lograr objetivos de emisiones ambiguos e irrazonables.

La decisión de la EPA de ignorar el dolor financiero que los estadounidenses están sintiendo actualmente y su voluntad de aumentar aún más sus costos de energía en el futuro es desconcertante y errónea. La agencia debe revertir el curso y descartar la regla suplementaria propuesta de inmediato.

La carta de comentarios dice: "Todo esto sucederá a medida que los estadounidenses paguen más dinero por bienes y servicios esenciales. Lo último que los estadounidenses necesitan es aumentar los costos de energía a medida que las compañías de petróleo y gas cumplen con los estándares de la EPA. La EPA no puede utilizar medidas defectuosas como el llamado "coste social del carbono" para justificar costes excesivos que tendrán consecuencias reales. Más aún cuando los supuestos beneficios climáticos, por ilusorios que sean, podrían caer en cualquier lugar dentro de un rango impresionantemente amplio, de $19 mil millones a $130 mil millones".

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