El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una coalición liderada por Virginia que envió una carta al director de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), Christopher Wray, y al Procurador General de los Estados Unidos, Merrick Garland, solicitando más información después de que se hiciera público un memorando interno anticatólico del FBI.
El memorándum, que fue producido por la Oficina de Campo del FBI en Richmond, identifica a ciertos individuos como "católicos radicales-tradicionalistas" y potenciales "extremistas violentos motivados racial o étnicamente". Entre las formas en que el memorándum pretende diferenciar entre los católicos aprobados por el FBI y los considerados peligrosos está el lenguaje en el que oran y su fidelidad a ciertos puntos de vista tradicionales sobre el sexo y el matrimonio, que el memorando del FBI identifica como "anti-LGBTQ". Este ataque inconstitucional contra los estadounidenses se ve agravado por el hecho de que el memorándum indica el potencial para que se desarrollen fuentes en "lugares de culto".
Aunque el FBI evidentemente tomó medidas para eliminar el memorándum y llevar a cabo una "revisión de la base del documento", que se haya creado debería ser perturbador para todos los estadounidenses y exige responsabilidad. La persecución de ciudadanos basada en sus puntos de vista religiosos es profundamente antiestadounidense.
La carta pide al FBI que tome varias medidas en respuesta a este alarmante memorando que sale a la luz. Entre otras solicitudes, la coalición exige ver el informe completo, los documentos utilizados en su redacción, información sobre la implementación del informe e información relacionada con lo que se está haciendo para detener los ataques contra los católicos.
La carta dice: "El Departamento de Justicia y el FBI deben desistir de investigar y vigilar a los estadounidenses que no han hecho nada más que ejercer su derecho natural y constitucional a practicar su religión de la manera que elijan. Y deben revelar al público estadounidense hasta qué punto han participado en tales actividades. Tomaremos todos los medios legales y apropiados para proteger los derechos de nuestros electores garantizados por nuestra Constitución".
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