El Procurador General de Texas Ken Paxton se ha unido a una coalición de estados para enviar dos cartas dirigidas por Montana a FedEx Corporation y United Parcel Service (UPS) por informes de que las compañías de envíos han actualizado sus términos de servicio para los propietarios de tiendas de armas. Según los informes, los nuevos términos requieren que cualquier persona que posea una Licencia Federal de Armas de Fuego (Federal Firearms License, FFL) cumpla con regulaciones corporativas onerosas, intrusivas y potencialmente ilegales. Las cartas señalan que los titulares de las FFL "alegan que las nuevas regulaciones permiten a su empresa rastrear las ventas de armas de fuego con una especificidad sin precedentes y eludir los requisitos de órdenes judiciales para compartir esa información con agencias federales".

Las compañías de envíos no solo requieren que los titulares de FFL creen nuevas cuentas de envío separadas para armas de fuego, partes de armas de fuego y otros envíos relacionados con armas de fuego, sino que también piden a los propietarios de tiendas de armas que conserven documentos sobre envíos específicos y los pongan a disposición de las compañías a pedido. Las compañías de envíos pueden entonces enviar esos documentos al gobierno federal a su discreción.

Como señalan las cartas, esto presenta una enorme amenaza para la 2ª Enmienda y podría muy bien violar la ley federal: "[S]us políticas supuestamente le permiten ‘cumplir con... solicitudes de las autoridades policiales aplicables u otras autoridades gubernamentales’, incluso cuando esas solicitudes sean ‘inconsistentes o contrarias a cualquier ley, regla, regulación u orden aplicable’. Al hacerlo, tal vez inadvertidamente, les da a las agencias federales una solución alternativa a la ley federal, que durante mucho tiempo ha impedido que las agencias federales usen la venta de armas para crear registros de armas".

El Procurador General Paxton y la coalición concluyen las dos cartas solicitando los acuerdos de envío actualizados, solicitando respuestas a varias preguntas y recomendando que detengan inmediatamente cualquier intercambio de información sin órdenes judiciales con las agencias federales.

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