AUSTIN - El Procurador General Ken Paxton al frente de 16 estados hoy presento un escrito de amigo de la corte ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en apoyo al derecho de la organización de las Hermanitas de los Pobres a quedar exentas de los mandatos de la era Obama que requerían al Departamento de Salud y Servicios Humanos federal imponer un mandato de anticonceptivos que exige a empleadores ofrecer cobertura de anticonceptivo en los seguros. Tras años de litigio sobre este mandato de la época e Obama, la administración Trump emitió una norma que permitía a las Hermanitas y empleadores religiosos similares quedar exentos de cumplir el mandato bajo exenciones religiosas. En enero pasado, una corte federal de distrito emitió una orden de restricción temporal deteniendo la norma de Trump.

Las Hermanitas, un grupo de monjas católicas con sede en Pensilvania que cuidan a los ancianos pobres, desafiaron el mandato de Obamacare de cubrir los costos de anticonceptivos a sus empleados y libraron una batalla legal de un año contra el mandato de Obamacare que finalmente llego hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló por unanimidad las sentencias de la corte inferior contra las Hermanitas, sin embargo, California y Pensilvania desafiaron la exención religiosa del mandato otorgada a las Hermanitas por la regla de la administración Trump. De acuerdo con el mandato, si las Hermanitas no cumplen aun en violación de sus creencias religiosas, se les pedirá que paguen miles de dólares en multas del gobierno.

"La administración Trump otorgó correctamente una exención religiosa que era absolutamente necesaria para proteger a las Hermanitas y a otras como ellas de ser forzadas a proporcionar servicios que violarían sus profundas convicciones religiosas y morales", dijo el Procurador General Paxton. "Negar esta exención es un ataque a la libertad religiosa y a los derechos de conciencia. La ley federal requiere que el gobierno respete las creencias religiosas, y este caso no es una excepción".

Como se indica en el escrito, las agencias federales están obligadas por ley a hacer concesiones a los objetores religiosos cuando la agencia impone una carga sustancial a la religión. El mandato de los anticonceptivos de la era Obama viola la Ley Federal de Restauración de las Libertades Religiosas (RFRA, por sus siglas en inglés), que el Congreso aprobó en 1993 y que el presidente Clinton firmó como ley. RFRA garantiza las libertades religiosas de individuos y entidades de la interferencia del gobierno federal.  

A Texas se unen al escrito de apoyo legal los estados de Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Arkansas, Georgia, Luisiana, Missouri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y West Virginia.

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