AUSTIN – El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una coalición de 20 estados para apoyar la regla de Energía Limpia Asequible de la Administración Trump contra una impugnación judicial de los procuradores generales demócratas.
La coalición busca intervenir en defensa de la eliminación del llamado Plan de Energía Limpia, una regulación de la era Obama que habría sometido a los estadounidenses a mayores costos de electricidad y podría haber debilitado la red eléctrica de la nación.
"Estamos orgullosos de unirnos a esta fuerte coalición en apoyo de la energía limpia asequible, y apreciamos el reconocimiento de la administración Trump de que el Plan de Energía Limpia del presidente Obama fue un intento ilegal de forzar una mala política en la nación", dijo el Procurador General Paxton. "Con su profundo conocimiento de los recursos, necesidades y capacidades locales, los Estados están mucho mejor situados para desarrollar políticas energéticas que protejan el medio ambiente, hagan crecer la economía y proporcionen al público energía segura y asequible".
A diferencia del fallido Plan de Energía Limpia, la regla de Energía Limpia Asequible respetará el papel del liderazgo estatal en la regulación de la energía y la calidad del aire. Es un avance significativo en la adopción de la intención del Congreso de cooperación entre los gobiernos estatales y federales. Este es un fuerte contraste con el modelo único de la era Obama que amenazaba con devastar a las comunidades de todo el país. Esta cooperación restablece la autoridad de cada Estado para considerar factores específicos a las necesidades e instalaciones energéticas dentro de sus fronteras, incluidos los costos, la aplicabilidad práctica y la vida útil de cualquier central eléctrica en particular.
Junto con Texas, la moción dirigida por West Virginia fue acompañada por los procuradores generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Wyoming, y los gobernadores de Kentucky y Mississippi, y la Comisión de Servicio Público de Mississippi.
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