La Procuraduría General de Texas ha presentado una acción legal desafiando la interpretación ilegal del Título IX por parte de la Administración Biden, exponiendo la nueva guía del Departamento de Educación como un esfuerzo ilegal para obligar a las escuelas a adoptar la ideología "transgénero" en las escuelas o arriesgarse a perder fondos federales de educación. Esta es la acción legal número 50 de Texas contra la Administración Biden.
El Título IX es un estatuto federal que prohíbe la discriminación "por motivos de sexo" en las instituciones educativas. Bajo Biden, el Departamento de Educación ha emitido una guía que amplía arbitrariamente esta categoría para incluir "orientación sexual" e "identidad de género". La guía pone en riesgo los fondos federales de educación para los colegios y universidades de Texas, así como para todas las escuelas K-12 de Texas que reciben cualquier cantidad de fondos federales al afirmar ilegalmente que estos conceptos promovidos por el movimiento extremista transgénero están cubiertos por las protecciones del Título IX.
Los ejemplos que la Administración Biden pretende que sean violaciones del Título IX incluyen que los maestros no obliguen por la fuerza a los estudiantes a usar los llamados "pronombres preferidos" de sus compañeros de clase, las políticas de las escuelas que hacen cumplir instalaciones de baño separadas para hombres y mujeres biológicos, y las políticas de las escuelas que niegan permitir que hombres biológicos compitan en equipos deportivos femeninos. Bajo esta doctrina, las escuelas de Texas serían investigadas por el gobierno federal por seguir la ley de Texas, incluido el Capítulo 33 del Código de Educación que protege la integridad de la participación en el atletismo escolar basado en el sexo biológico.
Texas está desafiando este flagrante intento de abusar del poder regulatorio federal para obligar a las escuelas K-12, colegios y universidades en nuestro estado a aceptar e implementar la ideología "transgénero", en violación de la ley estatal, al usar incorrectamente el estatuto del Título IX para amenazar con la retención de fondos federales para la educación. La guía ilegal de la Administración podría poner en riesgo más de $6 mil millones en fondos federales que apoyan a las escuelas K-12 e instituciones de educación superior de Texas.
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