El Procurador General de Texas Ken Paxton obtuvo una victoria unánime de la Decimoquinta Corte de Apelaciones, ratificando la autoridad legal del Comisionado de Educación de Texas Mike Morath para emitir calificaciones anuales de desempeño de la A a la F para las escuelas públicas de Texas.
"A pesar de la ley estatal que requiere la emisión anual de calificaciones de la A a la F para las escuelas públicas, los distritos escolares descarriados han luchado durante años para ocultar sus boletas de calificaciones", dijo el Procurador General Paxton. "Esta es una gran victoria para la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema educativo de Texas que fortalecerá la capacidad de los padres y estudiantes para asegurar que las escuelas públicas cumplan con sus responsabilidades".
Las calificaciones de desempeño de las escuelas públicas deben emitirse en un informe anual de acuerdo con el Código de Educación de Texas. Sin embargo, en 2023, eventos externos impidieron la emisión de esas calificaciones antes de la fecha límite anual, lo que provocó un desafío legal por parte de los distritos escolares que afirmaban que el Comisionado Morath no tenía autoridad para emitir posteriormente las calificaciones. Un tribunal de distrito del Condado de Travis estuvo de acuerdo e impidió que se publicaran las calificaciones, ignorando la obligación legal del Comisionado de emitirlas. Ahora, el Decimoquinto Tribunal de Apelaciones ha anulado la orden judicial injusta y ha desestimado la acción legal de los distritos escolares por falta de jurisdicción.
En la opinión concurrente del Presidente del Tribunal Scott Brister, desalentó a los distritos escolares y a los tribunales inferiores a seguir utilizando el sistema judicial para interferir con el sistema de rendición de cuentas promulgado por la legislatura. La opinión explicó: "Las escuelas que fracasan requieren una acción inmediata de los funcionarios estatales y locales, de los estudiantes y sus familias, y de los votantes. La demora de 19 meses ocasionada por el litigio de estos asuntos en los tribunales muestra por qué la Legislatura podría declarar razonablemente que el Comisionado debería ser el árbitro final y definitivo de los mismos. Cada vez que se busca una resolución judicial, se demorará una resolución final durante uno o dos años".
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