El Procurador General de Texas, Ken Paxton, lidera una coalición multiestatal que incluye a Louisiana, Missouri y Utah para anteponer una acción legal en contra de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por intentar ilegalmente restringir el derecho constitucional de los estadounidenses a comprar y vender armas de fuego de forma privada.
Las restricciones regulatorias de la ATF van más allá de la autoridad otorgada a la agencia por el Congreso. La nueva Regla Final es arbitraria y caprichosa y es una violación flagrante de la Segunda Enmienda. El Procurador General Paxton está buscando medidas cautelares inmediatas para evitar que la ATF haga cumplir su edicto ilegal mientras los tribunales consideran el asunto a fondo.
En el pasado, el Congreso reconoció deliberadamente la legalidad de las ventas privadas de armas de fuego por parte de personas que no son comerciantes, llegando incluso a reducir la definición legal de "comerciante" para evitar que la ATF suprimiera ilegalmente la transferencia privada de armas de fuego. Sin embargo, el 19 de abril de 2024, la ATF publicó una nueva regulación que sometería a cientos de miles de propietarios de armas respetuosos de la ley a presunciones de culpabilidad penal por participar en la venta privada de armas de fuego protegida por la Constitución.
"Una vez más, Joe Biden está armando a la burocracia federal para destrozar la Constitución y destruir los derechos de la Segunda Enmienda de nuestros ciudadanos", dijo el Procurador General Paxton. "Esta es una escalada dramática de su tiránico abuso de autoridad. Con la acción legal de hoy, es un gran honor para mí defender nuestras libertades protegidas por la Constitución del gobierno federal fuera de control".
Gun Owners of America (GOA), Virginia Citizens Defense League y Tennessee Firearms Association se unieron como codemandantes. El vicepresidente de GOA, Erich Pratt, dijo: "Criminalizar a un número incalculable de estadounidenses simplemente por vender un arma de fuego en una transacción privada es incorrecto, inconstitucional y debe ser detenido por los tribunales. Cualquier otra cosa alentaría aún más a esta administración tiránica a continuar utilizando como arma estatutos imprecisos en políticas que están destinadas a acosar e intimidar aún más a los propietarios y comerciantes de armas en todo momento".
El Procurador General de Utah, Sean Reyes, dijo: "Hace casi 40 años, el Congreso condenó a la ATF por atacar a propietarios de armas inocentes en lugar de centrarse en los delincuentes, calificando las acciones de la ATF de 'reprensibles'. El Congreso incluso cambió la ley para limitar la autoridad de la ATF. Pero la ATF está en ello de nuevo, esta vez tratando de exigir que un ciudadano que venda incluso una sola arma de fuego obtenga una licencia. Utah se enorgullece de unirse a los 26 estados, en tres acciones legales separadas, protegiendo a sus ciudadanos de esta extralimitación burocrática".
La Procuradora General de Mississippi, Lynn Fitch, dijo: "Al intentar tratar a cada propietario legal de armas como un comerciante comercial de armas y a cada venta o intercambio de armas en una transacción comercial, esta regla desenmascara la agenda antiarmas de la Administración Biden de una manera que muchas de sus otras acciones no lo han hecho. La Segunda Enmienda nunca podría haber contemplado este tipo de regulación y no resistirá el escrutinio de los tribunales. En nombre de los propietarios de armas de Mississippi, estamos orgullosos de apoyar a los ciudadanos que se han presentado en esta acción legal".
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