AUSTIN – El Procurador General de Texas Ken Paxton, junto con un grupo bipartidista de otros 46 procuradores generales, instó a los líderes del Congreso en Washington a enmendar la Ley de Decencia en Comunicaciones (Communications Decency Act) de 1996 para asegurar que las autoridades estatales y locales sean autorizadas para investigar y fiscalizar la actividad criminal en la Internet.

El Congreso modificó la Ley de Decencia en Comunicaciones el año pasado, aprobando la Ley para Detener a Traficantes Sexuales (Stop Enabling Sex Traffickers Act) y la Ley para Permitir a Estados y Víctimas Luchar Contra el Tráfico Sexual (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act) (conocidas como FOSTA-SESTA). Entre otras cosas, las medidas proporcionan a los fiscales estatales mayor autoridad para tomar acciones legales en contra de sitios en la Internet que hospedan anuncios promocionales de tráfico sexual y facilitan la presentación de acciones legales por las víctimas del tráfico de personas.

En la carta de hoy remitida a líderes del Congreso, el Procurador General Paxton y sus homólogos aplaudieron la promulgación de FOSTA-SESTA, pero señalaron que la actividad criminal en la Internet no es solo el tráfico sexual. Pidieron apoyo para otra enmienda a la Ley de Decencia en Comunicaciones, que esta vez permitiría a los Estados poder aplicar sus leyes penales en contra de empresas que ofrecen plataformas para actividades ilegales en la Internet como el mercado negro de ventas de opioides, el robo de identidad y la intromisión de las elecciones.

"Abordar la actividad criminal no puede ser relegado solo a la ley federal simplemente porque la actividad ocurre en línea," escribió el Procurador General Paxton. "Las autoridades de nuestros Estados deben ser permitidos abordar estos crímenes por sí mismos y cumplir con nuestro mandato principal para proteger a nuestros ciudadanos y hacer valer sus derechos."

Algunas opiniones de tribunales han interpretado la Ley de Decencia en Comunicaciones tan ampliamente que el resultado perverso ha sido proteger a personas y servicios que a sabiendas ayudan y se benefician de las actividades ilegales en la Internet a expensas de las víctimas para quienes la protección fue intencionada.

“Al promulgar las leyes FOSTA-SESTA, el Congreso entendió que los inmensos desafíos del tráfico sexual en la Internet tenían que ser compartidos entre las autoridades federales y estatales,” declaró la carta. “Los crecientes desafíos creados por especuladores de los muchos otros negocios criminales en la Internet requieren el mismo nivel de investigación y fiscalización que solo puede venir de fuentes estatales y locales.”

La carta fue enviada al presidente del Comité de la Cámara sobre el Poder Judicial Jerrold Nadler y su Miembro Superior Doug Collins; el presidente del Comité del Senado sobre el Poder Judicial Lindsey Graham y su Miembro Superior Dianne Feinstein; el presidente de la Comisión de la Cámara sobre Energía Frank Pallone, Jr. y su Miembro Superior Greg Walden; y el presidente del Comité del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte Roger Wicker y su Miembro Superior Maria Cantwell.  

Vea una copia de la carta aquí.