AUSTIN – En una carta escrita juntamente con California a nombre de un grupo bipartidista de 27 estados y territorios, el Procurador General Ken Paxton pidió al juez de la corte federal de distrito con jurisdicción sobre todos los casos de opioides que postergue su fallo ya que pudiera potencialmente resultar en abuso a la demanda colectiva y confusión con respecto a una novedosa estructura de acuerdo que ha sido propuesta.

 

A principios de este mes, abogados de cientos de gobiernos municipales propusieron un plan para que sea creada una "negociación colectiva" que consiste en incluir a todos los municipios en el país como una forma rápida de resolver demandas contra los fabricantes, distribuidores y farmacias acusadas de haberse beneficiado de la epidemia de opioides en la nación. Bajo el plan, si un gobierno local no expresa deseo de participar, se considera automáticamente que ha optado por participar, independientemente de si dicho gobierno haya participado en el caso de cualquier manera.

 

El Juez Dan Aaron Polster, juez federal de Cleveland, que preside la corte federal de distrito que tiene los múltiples litigios, considerará mañana el plan propuesto. Pero en su carta al juez, el Procurador General Paxton y sus homólogos han instado al juez a posponer una decisión por lo menos tres semanas "para permitir que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de informarse más ampliamente sobre este asunto."

 

"Este propuesto proceso innecesariamente retrasa las opciones de acuerdos legales y crear un precedente negativo todo en detrimento de los contribuyentes y los que sufren de adicción a opioides", dijo el Procurador General Paxton. "Certificar una clase de negociación colectiva tan rápidamente y tan temprano en el proceso, antes de que todos hayan tenido oportunidad de determinar lo que mejor protege sus intereses, constituye un procedimiento nuevo que podría resultar en una grave injusticia y hacer daño significativo a la capacidad de los Estados a proteger a su propio pueblo".

 

Legalmente, el plan no cumple con los requisitos de normas de la corte federal sobre acciones colectivas y pudiera dejar de proporcionar debido proceso e imparcialidad adecuada para los miembros de la acción colectiva. El proceso propuesto también podría provocar importantes retrasos debido a inevitables apelaciones, evitando que los gobiernos estatales y locales proporcionen ayuda a las víctimas de crisis opioides de nuestra nación.

 

"Los procuradores generales estatales han estado y siguen estando muy participativos en esfuerzos para enfrentar la crisis de uso de opioides a través de una amplia variedad de medios, incluyendo litigios, investigaciones y discusiones intensivas para una la resolución posible con muchas de las partes que potencialmente serían afectadas por la propuesta negociación,” establece la carta.

 

Ver una copia de la carta aquí .