El Procurador General Ken Paxton al frente de una coalición bipartidista de 36 estados hoy codirigió esfuerzos al presentar una carta de apoyo legal, argumentando que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio debería rechazar una solicitud de algunos abogados de los demandantes quienes buscan recibir un cantidad desproporcionada de honorarios en el litigio con opioides que resultará en una reducción de los fondos disponibles para proporcionar tratamiento y alivio a las víctimas de la crisis de opioides.

Además de plantear el federalismo y las preocupaciones jurisdiccionales, la carta de los procuradores generales afirma que sería inconcebible e inequitativo que el tribunal de distrito aprobara un fondo común de beneficios que solo aumentara los honorarios de los abogados.  La carta añade que este tipo de carga sobre el acuerdo en su totalidad resultaría en menos fondos para las comunidades que sufren e interrumpiría los progresos sustanciales que los estados han hecho en la negociación de un gran acuerdo nacional.

"Los procuradores generales de todo el país han trabajado en colaboración para asegurar el máximo alivio para las personas y familias devastadas por la crisis de los opioides. El fondo de reducción que desarrollamos proporcionaría servicios muy necesarios a las víctimas de esta epidemia. Estos recursos son necesarios ahora, no al final de un largo proceso de litigio", dijo el Procurador General Paxton. "Texas presentó una demanda en un tribunal de Texas, y un juez federal en Cleveland no debería estar reteniendo el dinero que pretendemos usar para tratar a nuestros ciudadanos. Imponer una cuota sobre todos los ingresos puestos en este fondo únicamente para beneficio de algunos abogados socavaría el federalismo y desmantelaría el marco cuidadoso que creamos para asegurar que las víctimas de esta epidemia reciban la ayuda que necesitan y merecen".

La reciente propuesta de los abogados de los demandantes impondría una tasa del siete por ciento a las recuperaciones que fueron posibles por las demandas de los estados y la fuerza de las demandas legales de los estados, que no están dentro de la jurisdicción del tribunal. La orden también podría impedir que las empresas pobres en efecto produzcan y proporcionen medicamentos gratuitos para el tratamiento de las adicciones a las víctimas de la crisis de los opioides.