El Procurador General Ken Paxton ha presentado su apoyo a las iglesias en la ciudad de Magnolia mientras defienden su capacidad de tener su día en la corte después de que la ciudad decidiera cobrar casas de culto y otras organizaciones sin fines de lucro tarifas de agua más altas que todos los demás en la ciudad. Las iglesias argumentan que las nuevas tarifas de uso de agua de la ciudad para entidades exentas de impuestos violan la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas (TRFRA, por sus siglas en inglés) y otras leyes de Texas. La ciudad de Magnolia inició una demanda para declarar válidas las tarifas, pero no informó a las iglesias a pesar de conocer la oposición que tienen ante dichas tarifas.
“La ciudad estaba plenamente consciente de las quejas de las iglesias y las preguntas de constitucionalidad, pero trató de impedir que las iglesias se enteraran de la demanda de la ciudad para declarar válidas las tarifas", dijo el Procurador General Paxton. "Las iglesias tienen derecho al debido proceso como cualquier otra persona, y las acciones de la ciudad impedirían que las organizaciones religiosas tuvieran su día en corte.”
En agosto de 2018, la ciudad de Magnolia adoptó una nueva ordenanza de tarifas que establece tarifas para los clientes de sus obras hidráulicas y el sistema de alcantarillado, incluyendo una categoría para entidades "Institucionales/Sin Fines de Lucro/Exento de Impuestos". A pesar de las protestas del Consejo de Pastores de Texas y varias notificaciones de intención de impugnar las tasas, la ciudad estableció tarifas para las iglesias y otras entidades exentas de impuestos que exceden las tarifas cobradas a los intereses comerciales en la ciudad. En noviembre de 2018, la ciudad presentó su demanda de validación de bonos sin previo aviso a las iglesias. Al enterarse de la demanda después de que se dictó la sentencia, las iglesias hicieron petición para un nuevo juicio, que el Tribunal de Distrito del Condado de Travis concedió en agosto de 2019 al encontrar que se habían violado los derechos del debido proceso de las iglesias.