Al frente de una coalición de varios estados, el Procurador General Ken Paxton hoy pidió a una corte federal de distrito eliminar un requisito ilegal de Obamacare que aumenta los costos para los contribuyentes de Texas y viola el juicio médico y los derechos de conciencia de los médicos en todo el país.  

En agosto del 2016, el Procurador General Paxton lidero la presentación de una demanda contra una norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que dentro de Obamacare "interpreta" la definición de “sexo” como un estado mental y no como un hecho biológico. Dicha regla ha forzado a médicos, personal de salud y a los empleadores del estado a que proporcionan seguro para proveer cirugías de cambio de sexo y abortos, aunque ellos se opongan debido a sus creencias religiosas o mejor juicio médico, todo con fondos de los contribuyentes.

En 2017, una corte de distrito emitió un interdicto preliminar para detener la aplicación de la regla en todo el país, pero el Procurador Paxton ahora está instando a la corte que declare ilegal la regla para que pueda ser eliminada permanentemente del código de regulaciones federales.

"Esto fue un intento de la administración Obama para reescribir la ley sin autorización del Congreso y para pisotear la autoridad de los estados para establecer las reglas definidas para la profesión médica", dijo el Procurador General Paxton. "El gobierno federal no tiene derecho a forzar a las personas en Texas a pagar por procedimientos quirúrgicos destinados a cambiar el sexo de una persona. Nuestra coalición multiestatal está pidiendo a la corte federal de distrito proteger a los profesionales médicos que creen que participar en dicho procedimiento o tratamiento viola su juramento hipocrático, su conciencia o sus creencias religiosas personales, que están protegidos por la Constitución y la ley federal."

Bajo la regla, los estados que no cumplan con la misma están bajo riesgo de perder miles de millones de dólares en fondos federales de la salud. Solo Texas podría perder un promedio de 40 mil millones de dólares al año, pero quienes pudieran sufrir las mayores pérdidas son los ciudadanos más vulnerables del país que participan en los programas Medicare y Medicaid.

El Procurador General Paxton es acompañado en esta petición por sus homólogos de Arizona, Kansas, Nebraska, Luisiana y Wisconsin, así como de los gobernadores de Kentucky y Mississippi.

Ver una copia de la petición aquí.