AUSTIN – El Procurador General Ken Paxton publicó hoy una declaración en respuesta a la petición de la corte federal de distrito de San Antonio que priva a funcionarios estatales y de elecciones del condado de la capacidad para ejecutar fielmente sus deberes bajo las leyes estatales y federales para mantener el registro electoral. La corte escucho argumentos en este caso el 19 de febrero, 20 y 25.

"El fallo de hoy proviene de un tribunal federal de distrito que incorrectamente asume control sobre aspectos que son fundamentalmente la responsabilidad del estado bajo leyes federales y estatales para mantener la integridad de su registro electoral", dijo el Procurador General Paxton. "Si bien apreciamos el reconocimiento de la corte de que el Secretario de Estado actuó de buena fe, ningún funcionario estatal violó las leyes pertinentes y no hay necesidad de que un tribunal federal tome posesión de las actividades que son del estado. Estamos evaluando nuestras opciones para abordar esta decisión y para continuar presentando nuestro caso que establece que los votantes que no son elegibles no deben votar y que los condados son libres de seguir la ley y mantener a sus registros de votantes limpios."

La corte reconoció que existe "unanimidad entre las partes, abogados y la corte de que los no ciudadanos no son elegibles para votar" y la Corte determinó que los esfuerzos del Secretario de Estado para identificar a los electores no ciudadanos fueron emprendidos de buena fe. Sin embargo, la orden de hoy impide a autoridades electorales de condados comunicarse directamente con los votantes sobre su ciudadanía e impide que los funcionarios cumplan con su deber de eliminar votantes elegibles de las listas de votación por cualquier motivo sin primero obtener permiso de la Corte. La Corte también instruyó al Secretario de Estado de informar a los condados que no pueden enviar avisos de cuestionamiento a los votantes o quitar a votantes no elegibles de las listas sin previa aprobación de la Corte.

Aunque la Corte se negó a eliminar cualquiera de las reclamaciones que se han hecho contra el estado, la corte negó la solicitud de una orden de restricción preliminar contra la Procuraduría General, determinando correctamente que dicha orden podría restringir a la procuraduría de ejercer discurso protegido por la Primera Enmienda.

Ver una copia de la orden.